A diferencia de otros gobiernos pasados, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha protegido a nadie en casos de corrupción, sentenció la titular de la Secretaría de Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval.

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, la funcionaria federal aseguró que la entidad a su cargo ha sancionado a funcionarios de todos los niveles, incluyendo exsecretarios de Estado, exdirectores de empresas públicas, exgobernadores, entre otros.

“Rosario Robles, Emilio Lozoya, Edgar Torres Garrido y algunos de sus cómplices han recibido de parte de la Secretaría de la Función Pública la sanción administrativa más alta posible, y a diferencia de gobiernos pasados, esta administración no ha protegido a nadie”, enfatizó desde la tribuna.

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Sandoval aseguró que su dependencia tienen cero tolerancia a las irregularidades del propio gobierno federal, por lo que han impuesto más de 5,000 sanciones a servidores públicos, entre las cuales están más de 1,500 inhabilitaciones, casi 1,000 suspensiones, más de 900 amonestaciones públicas, más de 800 amonestaciones privadas, casi 400 sanciones económicas y 282 destituciones.

Agregó que la SFP, en casi dos años de gestión, ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) más de 513 denuncias penales, lo cual, según la secretaria, son dos veces más que en todo el sexenio pasado.

Ante los legisladores, subrayó que la dependencia supervisa más de 3,300 procesos de contratación en el sector salud por más de 9,500 millones de pesos; además, que en lo que va del sexenio ha sancionado a 31 proveedores y contratistas e impuestos multas resarcitorias por más de 1,500 millones de pesos.

En cuanto a las Administraciones Portuarias Integrales, acotó que han implementado más de 200 investigaciones sobre corrupción, colusión, conflictos de interés y diversas faltas administrativas; así como casi 100 auditorías con sanciones a 50 servidores públicos.

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La secretaria aplaudió la aprobación en San Lázaro de la desaparición de 109 fideicomisos, puesto que detectó diversas irregularidades en estos mecanismos, sobre todo en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), el Fondo Nacional para la Culturas y las Artes (Fonca), y el Fideicomiso del Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo.

Abundó que en 2019, en el Fodepar había pagos a funcionarios en lugar de deportistas y contratación de personas que no cumplían los requisitos para ser entrenadores; en el caso de Fonca, aseguró que no contaba con una Unidad Responsable ni con personas que dieran certeza jurídica a las decisiones que se tomaban.

En ese sentido, sentenció que al cierre de 2019 se registraron 338 fideicomisos sin estructura con disponibilidad de más de 740 mil millones de pesos, equivalente a 22% del Presupuesto de Egresos de la Federación.

La titular de la SFP apuntó que en la fiscalización de los recursos federales ejercidos por gobiernos estatales y municipales, recuperó 9,000 millones de pesos, de 50,000 millones que habían quedado sin aclarar por parte de las entidades federativas.

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