Con la irrupción de la pandemia por Covid-19 en los países latinoamericanos, los gobiernos han enfocado millonarios recursos en la importación de insumos médicos, sobre todo para aumentar su capacidad en áreas de cuidados intensivos o la compra de soportes respiratorios, pero hacerlo en condiciones de emergencia y con pocos controles que tradicionalmente se establecen en las compras gubernamentales, genera preocupación a organismos internacionales. 

Para atender este fenómeno de forma eficaz, las administraciones públicas deben contar con mecanismos robustos de transparencia, sobre todo en momentos en los que ha sido necesario remover controles en contratos públicos para hacer más expeditas estas compras, señala Roberto Simon, director de política y el líder del grupo de trabajo anticorrupción de Americas Society / Council of the Americas (AS/COA).

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“Se movilizan grandes recursos para importar respiradores, ventiladores, equipo médico muy sofisticado en operaciones muy complejas y no sabes dónde exactamente comprarlos, de por sí es ya muy complicado y lo tienes que hacer en condiciones de emergencia  y para ello se remueven algunos controles que pones en las contrataciones y en este contexto aumenta el riesgo de corrupción. 

Además dada la situación fiscal en la región, vemos menos inversión en instituciones anticorrupción o instituciones que juegan un rol significativo luchando en contra de la corrupción, entonces es un escenario preocupante”, explicó Simon en entrevista con Forbes México. 

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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha relegado el papel del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), además de que su capacidad legal e instituciones políticas y democráticas para combatir la corrupción ha sido evaluada por debajo del rango promedio países de América Latina de acuerdo con el “The Capacity to Combat Corruption (CCC) Index 2020”. 

Para poner un ejemplo, el SNA tiene cinco años de haber sido creado, pero hasta la fecha no se han nombrado a diversos representantes y dirigentes del sistema. 

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) pone un elemento más en la mesa respecto al funcionamiento del SNA: las constantes descalificaciones del presidente López Obrador al sistema. 

Este índice evalúa a los países basándose en su efectividad para combatir la corrupción de un gobierno, los países en los primeros lugares tienen más capacidad para perseguir y castigar a los corruptos, en tanto que los que se encuentran al final de la tabla tienden a dejar impunes estos actos. México fue situado en el lugar ocho de 15 naciones este año. 

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En este estudio se valora la capacidad legal de los países, sus instituciones democráticas y políticas; y la sociedad civil, medios de comunicación y el sector privado que se enfocan en atender temas de corrupción. En las primeras dos subcategorías México es evaluado por debajo del rango promedio de los países de América Latina. 

Pero no sólo trata de un andamiaje gubernamental robusto sino la participación de los organismos de la sociedad civil y hasta los medios de comunicación.

“Mejorar políticas anticorrupción es aprobar grandes reformas inversiones de largo alcance y tiempo a instituciones de transparencia, mejoras regulatorias, fortalecer la sociedad civil, mejor el periodismo de investigación, organizaciones de medios fuertes, mejor educación”, advirtió el especialista. 

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