Aumento de funciones sin certificados para realizar tareas de seguridad pública o el despliegue de elementos sin justificación fueron algunos de los elementos que encontró la organización Causa Común en la Guardia Nacional a dos años de su creación.
“La Guardia Nacional empezó con una mentira, la reforma que dio origen al Guardia Nacional estipula que debe ser una corporación civil. A más de dos años de su creación, queda claro que ese trata de una corporación militar dirigida por la fuerzas armadas. Además, el actual gobierno ha incrementado la presencia y poder de las fuerzas armadas no solo en tareas de seguridad publica, sino en muchas otras que no les corresponden“, señaló María Elena Morera, presidenta de dicha organización.
Al presentar el “Informe 2021 del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México“, recordó que entre las funciones que ahora tiene los uniformados están la construcción de la infraestructura, reparto de fertilizantes, operación de aduanas, traslado de dinero de programas sociales, distribución de vacunas, reparto de libros de texto, entrega de reglaos, entre otras.
La directiva señaló que el CIDE ha contabilizado 246 atribuciones civiles a las fuerzas armadas.
“De acuerdo a la Ley de la Guardia Nacional se confirieron 43 atribuciones; sin embargo, a través del seguimiento hemerográfico del Observatorio fue posible corroborar que hay grandes diferencias entre las acciones que realiza la Guardia Nacional según el jefe de la zona militar, y por otro lado, una gran amplitud de funciones a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas”, agregó Morera.
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En el Senado, Morera mencionó que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica se establece que los miembros de la Guardia Nacional deben cumplir con la profesionalización como policías civiles, sin embargo, no sucede.
“No están formando a los elementos de la Guardia Nacional como una policía civil, que fue la promesa que quedó plasmada en la Constitución, tampoco los están sometiendo a los controles de confianza que deben pasar toda policía en el país”, señaló la activista.
En el informe se menciona que principios de mayo de 2021, más de 90% de los elementos activos no contaban con el Certificado Único Policial (CUP), por tanto, no tenían con los conocimientos y aptitudes para desempeñar sus funciones ni debieron haber aprobado el proceso de control de confianza.
María Elena Morera dijo que no hay una justificación respecto al despliegue y número de estos uniformados en cada estado; por ejemplo, mencionó que se debe tomar en cuenta índices delictivos, población o territorio.
Expuso que si el criterio fuera por violencia homicida, los estados, como Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán y Chihuahua serían las entidades con más uniformados, pero no es así.
“No entendemos cuál es el criterio que se utiliza”, enfatizó.
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