El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que “defenderá en tribunales el criterio del actual gobierno“, en torno a la política energética que está impulsando.

“Los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía tienen instrucciones para defender nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas. Se pone por delante el interés nacional, aunque se paguen gacetillas en periódicos internacionales. Sí al diálogo”, anunció

En su conferencia de prensa, el mandatario explicó que su administración está a favor de la generación de las energías limpias y renovables y definió cuatro puntos que fungen como ejes para definir su estrategia acerca de este tema.

  • Vamos a respetar a los jueces, porque es un poder autónomo. Respetamos al poder judicial”
  • No estamos en contra de generación de energías limpias, al contrario, cada vez vamos a impulsar más las energías alternativas”.
  • Estamos en contra de la corrupción, del saqueo y del influyentismo que prevaleció en la industria eléctrica, que es el fondo del asunto, ya que se entregaron contratos leoninos, que dañan la economía popular. Se pactó mediante componendas la compra de energía eléctrica a precios elevadísimos, con subsidio. Se pretendía destruir a la Comisión Federal de Electricidad, para darle preferencia a las plantas del sector privado, extranjero. Vamos a poner orden y que haya piso parejo”.
  • No hay expropiaciones, ni estatismo, ni nacionalización de la industria eléctrica. Es que no haya corrupción, porque pagar sobreprecios por la energía eléctrica significa que los consumidores tengan que pagar más. Lo que protegemos es el consumo de la energía eléctrica y garantizando que se pueda ofrecer a precios justos”.

La semana pasada, la Secretaría de Energía emitió nuevas directrices sobre la industria eléctrica, citando la necesidad de asegurar la confiabilidad del suministro durante la pandemia de coronavirus.

Los principales grupos empresariales condenaron e interpusieron recursos legales ante las nuevas normas, argumentando que golpearán la confianza de los inversores y frenarán el crecimiento de la energía renovable, a medida que aumentan las tensiones entre el sector privado y el Gobierno.

 

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