La Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados ordenó a su Unidad de Evaluación y Control investigar a los auditores responsables de las “inconsistencias” en el análisis de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.
“En una irregularidad se publica un oficio que da a conocer que hay inconsistencias y que ninguna manera este es un procedimiento oficial. Para nosotros no hay retractación en ninguno de los informes ni debe haberlo de la ASF, ya que hay un proceso conducente de ley y se debe llevar acabo”, dijo en entrevista, el diputado presidente de la Comisión Mario Alberto Rodríguez.
Señaló que este lunes a las 12:00 horas, el titular de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, y los auditores especiales acudirán al recinto legislativo de San Lázaro para participar en mesas de trabajo, en donde explicarán a mayor profundidad los informes que emitieron.
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“Es para resolver todas las dudas y ampliar información respecto de todos los informes, no solo del Aeropuerto, y derivar mesas de trabajo”, señaló.
El lunes, la ASF informó que debido a una deficiencia metodológica, hay “inconsistencias” en la cuantificación realizada sobre la cancelación del NAIM, por lo que aseguró que es menor de los 331 mil 996 millones 517.6 de pesos que había estimado inicialmente.
“Se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco. Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica”, explicó la ASF en un comunicado.
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En la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Cámara de Diputados investigar a la ASF por los supuestos errores en el análisis donde se proyecta que la cancelación del aeropuerto en Texcoco costaría 330 mil millones de pesos y no 100 mil millones, como estimaba el gobierno federal.
