Los diputados de Morena y aliados aprobaron reformas para establecer que los entes públicos, como los estados y municipios, podrán destinar solo hasta 0.15% del monto total de financiamientos para cubrir gastos y costos relacionados con la contratación de ellos.

En la discusión de las reformas —aprobadas con 276 votos a favor, 182 en contra y 2 obtenciones—, los partidos de oposición señalaron que esta modificación afectará las condiciones económicas a nivel local. La minuta pasó al Senado.

“Los entes públicos solo podrán destinar hasta un 0.15% del monto de los financiamientos para cubrir los gastos y costos relacionados con la contratación. Cuando las obligaciones se deriven de esquemas de Asociaciones Púbico-Privadas, el destino podrá ser la contratación de servicios, cuyo componente de pago incluya la inversión pública productiva realizada”, señala el dictamen que reforma la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Los gastos y costos relacionados con la contratación son aquellos relacionados con la celebración del financiamiento, como las comisiones de apertura, comisiones por disposición, comisiones por estructuración, costos por la contratación de calificadoras, de instrumentos derivados y garantías de pago.

El diputado Ángelo Aguilar Piña, del PVEM, dijo que un problema que se resuelve con el dictamen aprobado es lo relativo con los excesivos costos que cobran los bancos a entes públicos.

Advirtió que hay un vacío legal, ya que en la actual ley no hay ningún ordenamiento que defina un porcentaje de gastos y costos relacionados con las contracciones de obligaciones y financiamientos.

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“El dictamen pondrá solución a un problema que viven estados y municipios que afecta a sus haciendas publicas y a los mexicanos que habitan en ellos: me refiero a la corrupción”, dijo el legislador del PVEM

A su vez, el diputado priista y exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, comentó que al establecer un tope de 0.15%, se abre una diferencia entre municipios pequeños y grandes.

“Una restructuración (de la deuda) de un estado como Nuevo León por 10 mil millones le da un margen de 15 millones con ese tabulador; un municipio pequeño que quiere restructurar 30 millones, los 45 mil con los que contaría con esta ley, no le da para pagar los costos de agencias crediticias”, dijo el priista.

En su turno, la panista Patricia Terrazas criticó el dictamen, respaldado por Morena y aliados, y pidió no empeorar las condiciones económicas de los municipios y estados.

“Hacemos cada disparate. Los oigo en esta tribuna decir cada incongruencia”, dijo la legisladora al señalar que los municipios no pueden contratar deuda si no lo aprueba el Congreso local; además, cuestionó a los diputados si ya preguntaron a los alcaldes su opinión sobre “este disparate”.

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