Víctimas y defensoras acusaron este domingo al Gobierno del Estado de México de incumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre la tortura y violación de 11 mujeres en el municipio de San Salvador Atenco en 2006.
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Acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las mujeres denunciaron en un evento público que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México “obstaculiza” la investigación a dos años de la orden judicial.
“La sentencia de la CorteIDH expone de manera detallada cómo la investigación penal abierta en el Estado de México cuenta con una serie de deficiencias y no ha brindado acceso a la justicia”, indicó el Centro Prodh en un comunicado.
El caso de “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco” se considera uno de los más emblemáticos en la lucha por los derechos humanos en México.
Organismos internacionales documentaron la detención ilegal de las mujeres el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y en Texcoco, ambos en el central Estado de México, en medio de manifestaciones.
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La CorteIDH notificó el 21 de diciembre de 2018 al Gobierno mexicano de una sentencia en la que responsabiliza al Estado de graves violaciones a derechos humanos y le ordena una investigación exhaustiva con perspectiva de género.
Aunque el Gobierno federal empezó a cumplir con el fallo en abril del año pasado, las mujeres argumentaron este domingo que la indagatoria penal “sigue fragmentada” por la negativa del Estado de México de aceptar la atracción del caso al fuero federal.
“Por esta razón, el pasado 8 de julio las mujeres promovieron un juicio de amparo contra la fiscalía estatal, exigiendo que la investigación sea unificada en la Fiscalía General de la República (FGR), la cual tiene competencia sobre la totalidad de los hechos”, señaló el Centro Prodh.
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El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales admitió el juicio de amparo, por lo que el 3 de septiembre realizó una audiencia constitucional.
Las mujeres recordaron que la sentencia de la CorteIDH exige resolver el caso “en un plazo razonable y por medio de funcionarios capacitados en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género”.
También reiteraron que la importancia de alcanzar justicia radica en que la violencia sexual sufrida por las mujeres “no fue aislada, sino que se enmarca dentro de un patrón”, según la sentencia.
“Esperamos que el Estado tome todas las medidas necesarias en este sentido para avanzar hacia su obligación de investigar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables”, concluyó el Centro Prodh.
