A dos meses y medio de que se realicen las elecciones en seis estados de México, en cuatro de ellos los Organismos Públicos Locales (OPL) encargados de organizar las jornadas electorales presentan problemas financieros.

Esto se debe a que tuvieron recortes presupuestales o bien el gobierno estatal no les ha entregado en tiempo y forma la totalidad de los recursos, por lo que tendrán dificultades para desarrollar el proceso electoral del 5 de junio.

Algunos problemas se darían en la contratación de personal, la realización de debates públicos, las distribución de paquetes electorales, entre otros.

Por ejemplo, en el caso de Durango hubo un recorte presupuestal de 140.5 millones de pesos, lo que afectará directamente al desarrollo del proceso electoral, a través del cual se renovará la gubernatura. Por ello, el organismo está clasificado en “riesgo alto”.

“(Hay un) recorte presupuestal considerable con una afectación directa al desarrollo del Proceso Electoral respecto de la licitación para la impresión de documentación y material electoral; distribución y recolección de documentación y paquetes electorales, así como al anexo financiero del convenio de coordinación con el INE”, señala un documento presentado ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

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En el primer informe de este año se menciona que el organismo electoral de Durango ha recibido de manera incompleta las ministraciones (recursos públicos) programadas para febrero y marzo de 2022 por un monto de casi 35 millones de pesos.

Además de que no ha recibido el primer pago para la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones, que no los resultados finales ni oficiales.

Otro de los estados con problemas financieros, pero considerado con un “riesgo moderado”, es el de Hidalgo, donde hay un retraso considerable en las ministraciones del presupuesto por casi 170 millones de pesos.

En la misma situación está Quintana Roo, cuyo órgano electoral tuvo un recorte presupuestal para este año, lo que afectará el proceso de elecciones en aspectos como la contratación de personal, la capacitación para las mesas directivas de casillas y la realización de debates públicos.

A ello se agrega que hubo negativa por parte del Congreso local para dar recursos adicionales para el desarrollo de cuatro consultas municipales que ya se encuentran en curso y el retraso de las ministraciones por cerca de 120 millones de pesos.

El órgano electoral de Tamaulipas, también está está en “riesgo moderado”, ya que la recepción de ministraciones ha sido incompleta durante febrero y marzo por poco más de 42 millones de pesos.

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