La “lealtad a ciegas al proyecto de transformación” que exige el presidente Andrés Manuel López Obrador los integrantes de su gobierno ha sido la principal causa de la renuncia de al menos una decena de funcionarios en lo que va de su gestión.
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Javier Jiménez Espriú, Carlos Urzua y Víctor Toledo son algunos de los perfiles más destacados en declinar a continuar frente a una dependencia federal, debido a las diferencias entre su gestión y la hoja de ruta establecida por la administración de López Obrador.
La última, y probablemente la más escandalosa, renuncia a la gestión de López Obrador fue la de Jaime Cardenas a la titularidad del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), al señalar en su carta de dimisión que en el instituto existen irregularidades administrativas, falta de liquidez y manipulación de joyería, entre otras inconsistencias.
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“Pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación, porque el pueblo nos eligió para eso, para llevar a cabo un proyecto de transformación, para acabar con la corrupción, para acabar con los abusos, para llevar a cabo un gobierno austero, sobrio, para hacer justicia”, fueron las palabras del ejecutivo federal al ser cuestionado en torno a las declaraciones del ahora ex funcionario.
El primer funcionario de alto perfil en renunciar por diferencias con la gestión de AMLO fue German Martínez en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien señaló que existían severos recortes presupuestales y la “injerencia perniciosa” de integrantes de la Secretaría de Hacienda en el Instituto.
Meses después de su renuncia, el gobierno federal anunció que la oficialía mayor de Hacienda se encargaría de la distribución de medicamentos.
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Otra renuncia que incluso generó que la divisa mexicana retrocediera frente al dólar, fue la de Carlos Urzua, quien fungía como titular de Hacienda. El presidente López Obrador admitió que la dimisión de Urzua tenía como motivo las diferencias respecto a medidas en materia económica.
En su carta de renuncia, Urzua señaló que había imposición de funcionarios en la dependencia que dirigía y que las decisiones en política económica no estaban basadas en evidencias.
Aunque no se aclararon los motivos de la renuncia de Javier Jiménez Espriú a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en junio de este año, diversos informes señalaron que fue debido a la inconformidad del ingeniero con la iniciativa de reforma impulsada por AMLO para que el Ejército y la Marina controlen aduanas y puertos del país.
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Victor Manuel Toledo, ahora ex secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), afirmó que su renuncia estaba sujeta a motivos de salud, sin embargo ésta ocurrió semanas después de la filtración de un audio en el que criticaba al gobierno y afirmaba que Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, se dedicaba a bloquear proyectos ambientalistas y transición energética.
Aunque Mara Gómez, ex directora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no formaba parte de la primera línea de funcionarios de la Cuarta Transformación, su renuncia también generó revuelo luego de señalar que una de las principales causas es que había una atención “clientelar” y desigual a las víctimas.
En su carta de renuncia Gómez resaltó que el funcionamiento de este órgano era obstaculizado por un grupo de abogados particulares que encontraron en la reparación del daño una forma de negocio y las limitaciones de recursos públicos a la que estaba sujeta.
Un foro organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que dirigia Mónica Maccise, al que estaban invitados personajes como el twittero Chumel Torres, provocó cuestionamientos públicos por parte de López Obrador a su dirigente y con ello su posterior renuncia.
En aquel momento el mandatario incluso señaló que se analizaba la desaparición del Conapred y sus funciones serían realizadas por la Secretaría de Gobernación.
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