De los 15 estados que cambiaron de gobernador el año pasado, siete están dentro de las 10 entidades con más irregularidades en sus gastos de 2020, con casos como duplicidad en compras, pagos excesivos a trabajadores, obras con sobreprecios y erogaciones sin entregar comprobantes
Según los informes de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), los 31 estados y la Ciudad de México provocaron probables daños al erario público por 30 mil 522 millones 146 mil 500 pesos, pero 87% de estos gastos con irregularidades se encuentran en 10 entidades.
Estas son Ciudad de México, Oaxaca, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarita y Tlaxcala; las últimas siete tuvieron elecciones en junio de 2021.
En Baja California —la cual era gobernada por el morenista Jaime Bonilla— hay un probable daño a la Hacienda por 1,003 millones 57 mil pesos. De estos, según las auditorías, un millón 410 mil pesos fue por los pagos en exceso a 12 trabajadores, 1 millón 728 mil pesos por el sobreprecio en las obras realizadas en la entidad y 57 millones 319 mil por no proporcionar la documentación que comprobara los gastos que se hicieron en el estado.
En Baja California Sur, donde también hubieron elecciones el año pasado, las irregularidades en el gasto fueron por 2,204 millones de pesos. Algunas de estas inconsistencias fueron por 39 millones de pesos, ya que el gobierno que era encabezado por el panista Carlos Mendoza Davis en 2020 no proporcionó los documentos sobre servicios adquiridos; otra fue por 240 mil pesos, ya que la entidad realizó pagos del programa Escuelas de Tiempo Completo a 16 asesores externos, a quienes se les excedió su pago respecto a lo que se había establecido en los contratos.
Otro estado que cambió de gobernador en 2021 fue Chihuahua; ahí también detectaron probables daños a la Hacienda por mil 897 millones 794 mil pesos. Por ejemplo, una de las inconsistencias en el estado que era gobernador por el panista Javier Corral fue por 1 millón 967 mil pesos del presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone), que se utilizó para realizar 108 pagos a 13 trabajadores que no realizaron funciones de educación básica, cuando la ley establece que esos recursos deben ser usados solo en materia de educación básica.
En Guerrero también hubo irregularidades en los gastos; estos fueron por 2,516 millones de pesos. Una de las inconsistencias en la entidad que era encabezada por el priista Héctor Astudillo fue por 55 millones 520 mil pesos porque no se pudieron comprobar los gastos realizados por el Congreso del estado por concepto de Apoyo para Atención Ciudadana, pues solo presentaron facturas y reportes de las actividades legislativas sin dar evidencia fotográfica de los bienes otorgando ni evidencia documental.
No solo gobiernos de morenistas, panistas y priistas tuvieron dichas observaciones, también está Michoacán, el cual era administrado por el perredista Silvano Aureoles en 2020, año auditado. El probarle daño a la Hacienda es por 2,496 millones de pesos. Por ejemplo, las autoridades estatales, al acreditar gastos por 340 millones 45 mil pesos, entregaron documentos que no corresponde con los recursos que fueron pagados.
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