El Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur) suscribió dos acuerdos con ONU-Hábitat y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para asistir en el diseño del proyecto del Tren Maya pero no justificó su participación, reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En su análisis del Financiamiento y Erogaciones del Tren Maya, el organismo alertó de la ausencia de documentación al respecto, sobre todo, al impacto de costo beneficio a favor de México de la participación de estos organismos en el diseño del proyecto.
“Fonatur no acreditó la documentación que sustente la justificación por la que el Gobierno Federal decidió la suscripción de ambos acuerdos, así como el costo beneficio que implicó para el Gobierno Federal su intervención en la construcción del Tren Maya”, refirió la ASF.
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Los contratos con ambas entidades correspondieron con 130.982 millones de pesos con ONU Hábitat por concepto del “Desarrollo Integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México-Corredor Regional Tren Maya”, y por 32.242 millones de pesos por “Asistencia Técnica para la Ejecución de la Fase 1 del Proyecto denominado Tren Maya”.
Aunado a ello, Fonatur no pudo comprobar la evidencia del trabajo realizado por la UNOPS, por lo que la ASF lanzó una advertencia de probable daño a la Hacienda Pública Federal.
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio del Fondo Nacional de Fomento al Turismo por un monto de 20,716,232.50 pesos, por no acreditar la recepción de los entregables de la Asistencia Técnica para la Ejecución de la Fase 1 del Proyecto denominado Tren Maya”, advierte la ASF en sus conclusiones al respecto del segundo acuerdo.
Apenas el jueves, Fonatur presumió la asesoría de ONU Hábitat para la reubicación de personas que tendrán que ser relocalizadas de sus viviendas por interferir con el tránsito del Tren Maya, ante las acusaciones de desplazamiento forzado por el paso de la obra de infraestructura.
El Tren Maya es la obra de infraestructura emblemática de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, con miras a fomentar el desarrollo económico a través de la promoción del turismo y facilitar el transporte de mercancías en la zona sureste del país en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Se prevé que la inversión en el proyecto ronde los 150 mil millones de pesos, aunque ese monto se ha incrementado hasta rondar los 250 mil millones de pesos desde que comenzó el sexenio. Se prevé que el proyecto se termine en 2023 y comience a operar en 2024.
Hasta ahora, el proyecto suma casi una decena de amparos en contra de su construcción de parte de asociaciones de la sociedad civil que han reclamado el atentado contra el ambiente y la desconsideración de los pueblos indígenas locales que representa su construcción.
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