La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre adquirir facultades para modificar el presupuesto de la hacienda pública sería inconstitucional, ya que que de acuerdo a la carta magna, el cuerpo designado para dicha acción es la Cámara de Diputados, advirtió Isidro Mendoza García, abogado constitucionalista.
La iniciativa de López Obrador pide adicionar el artículo 21 ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que así el ejecutivo pueda cambiar el presupuesto federal, atribución que es única de la cámara baja, por ello se podría incluir una ley secundaria o reglamentaria en el artículo 74 fracción cuarta de la constitución, refirió el experto en entrevista para Forbes México.
Lo más viable para esta situación no sería sólo insertar una ley secundaria que le permita el libre ejercicio al presidente de modificar el presupuesto de egresos, también se requeriría una verificación jurídica: un examen constitucional.
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“Un examen constitucional es una cuando una norma reglamentaria o secundaria va en contra o contradice uno de los preceptos de la constitución, en este caso el artículo 74 fracción cuatro sobre las facultades de la cámara de diputados (para modificar el presupuesto)”, subrayó.
Ninguna ley secundaria o reglamentaria puede estar por encima de la carta magna, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sería la apropiada para realizar un examen de validez constitucional de esta iniciativa de ley, abundó el jurista.
Si esta norma llegara a aprobarse, en un supuesto futuro donde se diera una emergencia como la que se vive hoy en día, la ley sería de permanente aplicación si no es abrogada o derogada, por lo que en el futuro algún otro primer mandatario podría hacer uso de ella, remarcó Mendoza García.
“Es una facultad que se le estaría dando al ejecutivo, mas no al sujeto que sustenta el poder”.
Se apeló a la legalidad, insisten
El pasado 29 de abril, el coordinador de los diputados de Morena en la cámara baja, Mario Delgado Carrillo, apuntó que el titular del ejecutivo federal no actúo de manera discrecional para modificar el presupuesto, por lo que trabajan en un nuevo marco jurídico para actuar en esta emergencia sanitaria con respeto a los tres poderes.
López Obrador tenía dos opciones: hacer los ajustes al gasto público e informarlos a San Lázaro en los detalles de la cuenta pública; o que se legisle en la materia, señaló el diputado morenista en un video a través de sus redes sociales.
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“Que bueno que el presidente optó por esta segunda iniciativa y no actuó discrecionalmente porque nos abre la oportunidad de darle al país un nuevo marco jurídico para tratar estas emergencias, que el gobierno tengan la oportunidad de actuar, que se garantice la división de poderes y el orden constitucional.
“Vamos a delimitar los cambios que pueda hacer el ejecutivo en el presupuesto, si el presupuesto requiera de cirugía mayor, el ejecutivo tendrá que enviarlo nuevamente a la cámara para que lo apruebe”, remarcó.
¿Estado de emergencia o emergencia sanitaria?
Las acciones del poder ejecutivo durante la emergencia sanitaria por el coronavirus han tomado protagonismo y dejado de lado a los poderes legislativo y judicial, por lo cual pareciera que se vive una especie de “estado de emergencia muy particular sin ser declarado”, refirió el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar Ugarte.
La emergencia sanitaria declarada por las autoridades el 31 de marzo pon el Consejo de Salubridad General es un concepto diferente al estado de emergencia, puesto que este último contempla la suspensión de algunos derechos y garantías de acuerdo al artículo 29 de la constitución, explicó.
“Ese artículo contempla mecanismos para enfrentar catástrofes que no podrían ser enfrentadas con la regularidad institucional y que requieren concentrar poderes en sede ejecutiva, para después regresar a la normalidad institucional”, explicó el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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Dicha medida contempla que tienen que ser declarada; de manera pública; especificar en qué ámbitos territoriales tendrá efecto; la duración de la misma; indicar el conjunto de derechos que no podrán ser suspendidos; así como la vigencia de los poderes legislativo y judicial, indicó el académico.
A pesar de que en este supuesto se otorga momentáneamente una centralización del poder en el presidente, también se establece un control, límite y contrapeso a través de los legisladores y el poder judicial. Además el congreso decide en qué momento levantar la medida, aunado a ello, los decretos presidenciales son válidos durante el tiempo que dure la situación, abundó Salazar Ugarte.
Ante este tipo de propuestas de López Obrador en materia presupuestaria y la concentración de poder que se está reuniendo en su figura durante la pandemia de coronavirus, esta opción debería discutirse para velar por el libre ejercicio de los tres poderes, mencionó.
“No digo que se tienen que declarar (el estado de emergencia), pero es mejor si vamos a vivir en una situación de emergencia que sea mediante declaratoria constitucional”.
