El Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur), entidad responsable del Tren Maya, acusó de desconocimiento de la ley ambiental y de falta de imparcialidad al juzgado que concedió una suspensión definitiva para ejecutar el proyecto en tres municipios de Yucatán.

En un comunicado, la dependencia resaltó que esperará que el juicio de amparo alcance otras instancias con mayor conocimiento del derecho ambiental.

“Hasta ahora, el Juzgado ha desconocido el cumplimiento a la ley ambiental del Tren Maya, en especial, la obtención de una autorización en materia de impacto ambiental, por lo que, estaremos en espera de que este juicio llegue a instancias más imparciales y con mayor conocimiento en el derecho ambiental. (…) Lamentamos que ciertos grupos interpongan amparos para detener la reactivación económica del sureste”, señaló.

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En el comunicado, Fonatur también dijo que continuará las obras de rehabilitación y mantenimiento del derecho de vía existente en Yucatán pues el amparo concedido a colectivos de esa entidad para detener el proyecto sólo corresponde a obra nueva.

“La suspensión concedida no tiene efecto sobre la rehabilitación, mantenimiento ni modernización del derecho de vía existente, ni en la ejecución de estudios o tramitación de permisos, por lo que, las obras del Tren Maya continuarán con normalidad en las zonas de Yucatán donde aplica este supuesto, con el compromiso de seguir generando empleos y recuperación económica en el estado”, sostuvo la dependencia encargada del proyecto de infraestructura emblemático del gobierno de AMLO.

En el mensaje, también acusó que estos recursos legales interfieren con lo que la dependencia considera la recuperación económica de la entidad, pues según estimaciones propias de Fonatur, hasta este momento suman 36,859 empleos generados en el proceso de la construcción del tren.

“Sin embargo, se estima que, si los juicios no retrasan la obra, se habrían generado al menos el doble de empleos”, sostuvo en el mensaje sin mayor explicación.

El lunes, el colectivo Kanan informó del recurso en contra del proyecto por parte del juzgado tercero de distrito, por el que se concedió la suspensión definitiva de las obra nueva en los municipios yucatecos de Mérida, Chocolá e Izamal.

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