A partir de mañana sábado, cualquier ciudadano podrá denunciar al presidente por hechos de corrupción, delitos electorales y “todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana“.
Esto, luego de que fueron publicadas hoy en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución, las cuales amplían la lista de delitos por los que se puede juzgar al presidente de la República en funciones y hasta un año después de terminar su encargo.
Hasta hoy, el presidente sólo pudo ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del fuero común.
Sin embargo, el juicio de un mandatario no será como el de cualquier ciudadano, pues tanto la denuncia como su proceso se dará en el Senado de la República.
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Además, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, corresponde a la Cámara de Diputados realizar la investigación correspondiente para sustanciar el proceso.
“La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, quienes al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que en unión de sus Presidentes y un secretario por cada Comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos que tendrá competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el Capítulo II de esta Ley”, señala el artículo 10 de esa ley.
En tanto, el Senado actuaría como jurado de sentencia, cuya resolución dependerá, según la Constitución, de la votación de dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión “con base en la legislación penal aplicable”, según la reforma aprobada.
Actualmente, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, ostenta la mayoría de los escaños en el Senado, lo que podría ser un factor para la decisión.
En noviembre pasado, el Senado aprobó la iniciativa presentada por el mandatario toda vez que prometió en su campaña electoral que el titular del Ejecutivo podría ser juzgado por cualquier delito.
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