Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, afirmó que se impulsará un periodo extraordinario ante la Comisión Permanente del Congreso.
El objetivo será abordar la iniciativa de reforma a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El proyecto legislativo permitiría al gobierno federal adquirir bienes o prestaciones de servicios para la salud en el extranjero con organismos intergubernamentales sin licitaciones que medien el proceso.
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El proyecto adiciona un párrafo a dicha ley en el que señala que “en el caso de la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud, cuando de la investigación de mercado se concluya que la licitación no es la vía idónea para asegurar al Estado las mejores condiciones (…) las dependencias y entidades, previa autorización de la Secretaría por conducto de la Oficialía Mayor, podrán contratar con organismos intergubernamentales internacionales”.
El político morenista señaló que con estas reformas México participaría en en adquisiciones con la Organización Mundial de la Salud a través del Fondo Rotatorio de Vacunas y el Fondo Estratégico de Medicamentos por la Calidad de los Productos, durante una conferencia de prensa virtual.
“No queremos una reforma de carácter transitorio que funcione sólo durante la pandemia, deben entender el contexto internacional y como funcionan estos fondos, no se pueden comprar la totalidad de medicamentos, hay nada más ciertos medicamentos que se compran a través de estos fondos estratégicos, el gobierno no desea comprar todas las medicinas a través de estos fondos, hay un numero limitado de medicamentos que se compran a nivel internacional”, declaró Delgado.
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IP advierte corrupción
Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que esta iniciativa atenta contra la libre competencia sobre contrataciones públicas y vulnera los derechos de las empresas del país.
El representante empresarial no descartó la posibilidad de judicializar las normas que, a juicio del sector privado, violen la constitución y tratados internacionales.
La Coparmex también señaló que esta reforma podría resultar en mayores índices de corrupción al continuar otorgando al gobierno más adjudicaciones directas.
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