EFE.- Varias comisiones del Senado mexicano aprobaron este miércoles la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que busca regular la actuación en México de agentes extranjeros como la agencia antidrogas estadounidense (DEA), y que podría aprobarse en pleno este mismo día.
“En reunión extraordinaria, las comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, que presiden las senadoras Mónica Fernández Balboa y Ana Lilia Rivera, respectivamente, aprobaron el dictamen por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, presentada por el Ejecutivo Federal”, informó la Cámara Alta en un boletín.
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La propuesta tiene el objetivo de regular las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas que desarrollan los agentes extranjeros, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional.
“Asimismo, busca establecer las condiciones necesarias para asegurar que México cuente con un marco eficiente para la cooperación internacional en materia de seguridad y fortalecer la soberanía nacional”, indicó el organismo.
El dictamen con proyecto de decreto fue turnado a la Mesa Directiva del Senado, la cual preside el legislador Eduardo Ramírez, para que sea sometido a discusión y deliberación por el Pleno del Senado de la República.
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El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió este martes que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, porque permitirá tener un “marco legal claro”.
El mandatario envió el pasado viernes al Senado mexicano esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional para restringir la presencia de agentes extranjeros, entre ellos los de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), cuya presencia ha tenido varias polémicas a lo largo de la historia.
La iniciativa ocurre tras tensiones bilaterales por la captura del exjefe del Ejército de México Salvador Cienfuegos, detenido el 15 de octubre en Los Ángeles tras una investigación de la DEA que Washington no compartió con el Gobierno de López Obrador.
