Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de Morena, propuso revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas, además de vigilar la concentración de “poder” que tienen algunas empresas.
Lo anterior forma parte de una propuesta de cinco puntos dada a conocer hoy por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, integrado por un grupo de especialistas en la realidad económica, política y social del país.
El primer punto de este acuerdo señala que el “Estado de Bienestar”, como concepto y propósito, debe quedar plasmado en la constitución, mismo que deberá integrar los programas “que aseguran derechos” para todos los mexicanos.
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En el segundo punto, el presidente de Morena propone medir la concentración de riqueza a través del INEGI, mismo que deberá “entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas” a través del acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria.
En ese sentido propone que debe ser una medición similar a la de la pobreza y reportar resultados cada dos años.
Para el tercer punto de esta propuesta, Ramírez Cuellar apunta que “la progresividad fiscal” tendrá que aplicarse a la propiedad, la riqueza, el ingreso, las emisiones de dióxido de carbono y los daños a la salud.
Advierte que la progresividad fiscal debe ser la base de sobre la cual todos los mexicanos deben contribuir a los gastos del estado y al financiamiento del Estado de Bienestar.
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También propone integrar un Consejo Fiscal que mida y evalúe la calidad de ingresos y los gastos del Estado Mexicano, además de informar si éstos contribuyen a reducir la desigualdad entre regiones.
En el último punto se propone dotar de mayor fortaleza a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) para vigilar la “concentración y el poder que tienen las empresas en una gran cantidad de mercados que producen y distribuyen los bienes y servicios básicos”.
Por ello la COFECE deberá exigir reparación de daños contra los consumidores, para medir la afectación a mexicanos y las regiones por la forma en que las empresas operan en cada mercado.
El documento señala que con estas cinco cambios constitucionales se podrían sentar ls bases para la discusión de una agenda completa de transformaciones estructúrale une el país.
