Rodrigo Fernández Martínez, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León, afirmó que están preocupados de que el cobro de un nuevo impuesto verde tenga fines recaudatorio, ya que en muchos estados del país se han impuesto gravámenes con la excusa del medio ambiente para aumentar en realidad los ingresos públicos.
“Nos preocupa cualquier impuesto que le quite competitividad a Nuevo León para seguir creciendo, generando empleos, mejorando la calidad de vida y servicios de primer nivel para su población”, manifestó el también director general de Sigma.
En la construcción de consensos, afirmó, no se deben confundir impuestos que incentiven al medio ambiente con impuestos de recaudación.
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El industrial respaldó una iniciativa ambiental para mejorar la calidad del aire planteada por el gobernador Samuel García, así como la difusión de las empresas cumplidas con la ecología, que actualmente —dijo— son la mayoría.
El mandatario de Nuevo León y su equipo de trabajo deben generar incentivos para que las empresas que incumplan las normas ambientales tengan motivaciones para invertir y regularizarse, señaló el presidente de Caintra.
Agregó que han dialogado con el gobierno y han sido constructivas las pláticas: “El impuesto que tenemos está más del lado de la recaudación, ya han propuesto un impuesto a la calidad del aire”.
El impuesto a la calidad del aire propuesto por Samuel García falta ser aprobado por el Congreso de Nuevo León, apuntó Fernández Martínez.
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El gobernador ha asegurado que los impuestos verdes contemplados en la reforma fiscal 2022 no tienen tinte recaudatorio, sino regulatorio para todas aquellas empresas y fábricas que contaminan el medio ambiente.
García indicó que en ningún momento se afectarán los bolsillos de los neoleoneses, ya que los impuestos buscan incentivar a las fábricas a invertir en procesos verdes en lugar de pagar al Estado dicho gravamen.
“Los impuestos verdes es lo que se llama impuestos regulatorios, no buscan recaudar, más bien lo que quieren es incentivar a las empresas y fábricas que contaminan, ¿qué les va a salir más barato? ¿Invertir en filtros, calderas o en procesos verdes en lugar de pagarle al estado una cuota?”, cuestionó el pasado 26 de noviembre.
El mandatario comentó que las pedreras, al hacer sus extracciones, dejan el suelo de los cerros erosionado, por lo que con los vientos levantan ahí partículas que contaminan el aire; a ellos se les cobrará una cuota de 1.5 UMAs, y ese cobro irá destinado a reforestar el daño que hicieron.
En cuanto a las casi 260 fábricas y 22 pedreras contaminantes, si llegaran a exceder la norma ambiental se les aplicará de sanción 2.79 cuotas.
“Con ese dinero (quiero) echar a andar programas de aire limpio, programas de medio ambiente, de movilidad que logren reducir completamente o mucho en parte la contaminación de Nuevo León”, detalló.
“La contaminación al suelo, subsuelo y al agua, residuos sólidos, el control de volúmenes especiales que nos avientan ahí a los rellenos sanitarios, fábricas que están por metro cúbico aventando a nuestros ríos, Santa Catarina, Potosí, aceites, jabones, esas van a empezar a pagar y remediar el daño que le hacen al ecosistema; por eso a ellos se les va a cobrar 1.10 cuotas”, anticipó García.
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Al respecto, Fernández Martínez avaló la vigilancia de las autoridades estatales en material ambiental.
“Si la Federación no tiene suficientes inspectores quizá no pueda profundizar, por eso el estado busca cobrar un impuesto para que las empresas cumplan”, agregó el presidente de Caintra.
“A las empresas que no están cumpliendo las normas el día de hoy, entonces tendrán un impuesto, pero tendrán un incentivo para que cualquier inversión que hagan para la mejora de la calidad del aire sea tomado en cuenta como los impuestos”, manifestó el líder empresarial.
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