La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en un segundo intento por establecer que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente.
Esta ley sustituye a la aprobada en 2018 y que fue impugnada por funcionarios públicos.
El dictamen, aprobado por 300 votos a favor, 64 en contra y 41 abstenciones, establece que ningún servidor público recibirá remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República.
Sin embargo, acata los principios constitucionales de adecuación, irrenunciabilidad y proporcionalidad, que demanda la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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En noviembre de 2018, la SCJN invalidó dos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones en los que se fijaba el tope salarial de los funcionarios públicos tomando en cuenta las percepciones del presidente de la República.
Por ello, integrantes de la bancada de Morena, encabezados por el diputado Pablo Gómez, integraron una nueva reforma en el que se abroga la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y expide una con el mismo nombre.
En esta nueva ley se establece que el salario presidencial se obtendrá de multiplicar el Producto Interno Bruto per cápita de referencia por los 10 grupos jerárquicos definidos por el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal y el resultado deberá ser dividido entre el monto del salario mínimo general vigente anualizado.
Además contempla el principio de proporcionalidad, es decir que a mayor responsabilidad corresponde una mayor remuneración, pero no de forma discrecional, sino con base en los tabuladores presupuestales y en los manuales de percepción que se deberán de ajustar a los límites y reglas constitucionales.
