Los refugios que atienden y protegen a mujeres que sufren violencia reportan estar a 80% y 100% de su capacidad, en gran medida por el aumento a la violencia familiar durante el confinamiento social necesario para contener la propagación del coronavirus Covid-19. 

Aunque se trata de un momento crítico en la operación de los 69 espacios que conforman la Red Nacional de Refugios y otros lugares que apoyan a las mujeres, éstos laboran con recursos limitados o incertidumbre respecto a si seguirán siendo apoyados, alertaron organismos de la sociedad civil (OSC). 

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Casas para las Mujeres Indígenas (CAMIS), por ejemplo, es uno de los organismos más afectados en medio de esta crisis sanitaria debido a que se suspendió la entrega de los recursos contemplados en el Presupuesto de Egresos con el argumento de que no existen condiciones para los proyectos y proteger a los beneficiarios. 

Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, advirtió que estas medidas ocurren en el contexto del reforzamiento de medidas de austeridad establecidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador incluso después del decreto dio a conocer el pasado 23 de abril en el que se establecen estas medidas. 

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“Lo que vemos son propuestas que no tienen claridad, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retienen y busca recortar en el PEF el presupuesto etiquetado a refugios de mujeres indigenas. No estamos de acuerdo que la austeridad ponga en peligro los derechos humanos de las mujeres”, advirtió Figueroa en conferencia de prensa virtual. 

Se trata de un momento especialmente crítico, advirtieron especialistas en el tema, debido las medidas de aislamiento social han impactado directamente en la violencia contra las mujeres. 

Por ejemplo, durante el mes de marzo, casi al inicio de la “Jornada de Sana Distancia”  se registraron 22.3% más llamadas de emergencia por mujeres al 911 que en febrero de este mismo año, es decir, 115,614 llamadas lo que arroja un promedio de 155 solicitudes de auxilio cada hora.

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A través de una carta dirigida al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, organizaciones como Amnistía Internacional México, EQUIS Justicia par las Mujeres, Fondo Semillas, Católicas por el Derecho a Decidir, y Luchadoras, entre otras; solicitan detallar qué programas sufrirán recortes como parte del reforzamiento de la política de austeridad en medio de la crisis económica que deja el Covid-19. 

Asimismo pidieron que se maneje con transparencia y calidad el monto y mecanismos a través de los cuales se van a ejercer los recursos destinados a atender las violencias contra las mujeres. 

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