El uso de la fuerza pública para controlar la pandemia de coronavirus es populismo punitivo, puesto que con ello se busca tener mayor rendimiento político, sentenció la presidenta de Amnistía Internacional en México, Tania Reneaum Panszi.
Luego de que policías ministeriales presuntamente detuvieron en Jalisco a Giovanni López, albañil de 30 años de edad, por no portar cubrebocas en la calle; sin embargo fue reportado como fallecido a sus familiares tras la retención policiaca.
La representante de Amnistía Internacional clasificó como populismo punitivo el que se use al sistema penal, así como a la política y a los órganos de seguridad pública de la entidad para tener un rendimiento político.
“El gobernador de ese estado dio el mensaje que quiere tomar medidas más contundentes, pero resulta que las medidas más fuerte que se toman a manos de la policía son medidas que clasifican a la gente más pobre”, subrayó en conferencia de prensa virtual.
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Insistió en que se debe investigar la trama entre la detención arbitraria de Giovanni y su muerte, por lo que las autoridades estatales y la fiscalía local tendrán que realizar una indagación con transparencia y eficacia.
Reneaum Panszi recordó que a nivel federal se descartó el toque de queda o el uso de fuerzas policiales para el control del confinamiento, aunque entidades federativas como Jalisco dotaron a sus elementos policiacos de facultades para reprimir a las personas por hechos que no son socialmente reprobables.
“Es una facultad que se le dio a la policía, no solo excede la posibilidad de un cuerpo policial. Juntar la pandemia con cuestiones de seguridad pública es letal”, remarcó.
Recordó que en Baja California y Mérida se intentó establecer un toque de queda, sin embargo sorprende que los gobernadores de las entidades desconocen la constitución política, puesto que dicha medida sólo la puede decretar el presidente de la República con autorización del Congreso de la Unión.
“Estamos en una absoluta politiquería dar el mensaje de tomar medidas contundes o fuertes para que nadie se contagie sin tomar en cuenta el contexto de la pobreza.
“Muy preocupante (que los gobernadores) no respetan un contexto constitucional y en cambio quieran un rendimiento político para aprovecharse del contexto de la pandemia al tomar medidas contundentes”.
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La defensora de derechos humanos señaló penalizar las restricciones sociales en México para controlar la pandemia no es una solución, puesto que hay millones de personas que viven al día: o se mueren de hambre o de covid-19.
Acotó que de acuerdo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) durante 2018 se registraron más de 52 millones de mexicanos pobres, de los cuales 9.3 millones están en situación de pobreza extrema.
“Un país mayoritariamente pobre no puede tomar medidas de la restricción a la movilidad usando la fuerza pública porque la gente tendrá que tomar decisiones trágicas, entre quedarse en la casa o ser reprendido por la policía”.
Tania Reneaum Panszi aludió al informe que publicaron hace casi tres años, “Falsas sospechas”, donde se indicaron que las detenciones arbitrarias se realizan contra la gente que tiene menos poder político, social y económico.
En contraparte, apuntó las autoridades deberían atender la emergencia sanitaria con defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, puesto que se ha develado la ineficacia en el acceso a los servicios de salud y medicamentos.
“Detrás de eso hay corrupción y tramas terribles en las que se ha desmantelado, el muy precario sistema de derechos sociales en México, por actos corrupción sexenio tras sexenio”.
