Un juez federal del Poder Judicial de la Federación (PJF) suspendió este lunes la audiencia donde le imputarían los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos recursos de procedencia ilícita al panista Ricardo Anaya Cortés porque el político no acudió al Reclusorio Norte.

Además, sus abogados dijeron que no saben dónde está y el Instituto Nacional de Migración (INM) detectó que se encuentra fuera México.

Marco Antonio Fuerte Tapia, juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, dijo que la inasistencia de Ricardo Anaya Cortés a la audiencia inicial para imputar una serie de delitos es improcedente porque sus abogados no han tenido contacto con él y tampoco proporcionan una justificación excepcional para que no haya acudido.

El juez decidió no otorgarle una prórroga más al político panista quien pidió ausentarse de su audiencia inicial de imputar, tal como lo había solicitado Eduardo Ismael Aguilar Sierra, abogado de Anaya.

“Al parecer (Ricardo Anaya Cortés) no se encuentra en el país y para que se le impute se necesita su presencia a lado de sus defensores, por lo que no hay condiciones para llevar la audiencia”, expresó el litigante del Consejo de la Judicatura Federal, quien solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) si tenía alguna otra petición.

Al tiempo que el juez federal del Reclusorio Norte suspendía la audiencia, Ricardo Anaya Cortés lanzaba otro video más para acusar al gobierno de una persecución política.

Según la Fiscalía General de la República, Ricardo Anaya Cortés se encuentra fuera de México desde junio de 2021 y todas sus otras audiencias las ha realizado a través de videoconferencias por Zoom.

“Hasta las 7 de la mañana del 14 de febrero de 2022, Ricardo Anaya Cortés no ha ingresado a territorio nacional, pese a que un juez pidió presentarse de manera presencial en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México”, comentó Kristian Jiménez Hernández, fiscal de la FGR.

El ministerio público afirmó que el expresidente del PAN hizo caso omiso y desafió al juez la petición de Marco Antonio Fuerte Tapia, por lo que no hay lugar para que su defensa pida una prórroga para su inasistencia.

El Fiscal dijo que el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia encontró que Ricardo Anaya no ha ingresado a territorio mexicano los últimos tres meses.

Así Ricardo Anaya Cortés esquivó la imputación de delitos por parte del Juez.

El 21 de agosto de 2021, el panista Ricardo Anaya denunció que Andrés Manuel López Obrador lo quiere castigar metiéndolo a la cárcel para que no sea aspirante en las elecciones de 2024.

“Con la novedad que López Obrador me quiere meter a la cárcel con el testimonio de dos testigos ‘balines’ (de baja calidad). O sea López Obrador me quiere fregar a la mala”, afirmó entonces Anaya en un video publicado en Twitter.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso en su momento que las acusaciones por corrupción contra Ricardo Anaya provienen de sus mismos compañeros del PAN, cuando pretendía competir por la Presidencia de la República en 2018.

“Se le juntaron estas denuncias, no nosotros, yo no estoy acostumbrado a decir mentiras, siempre digo lo que pienso y doy la cara. Se le hizo fácil decir ‘me esta persiguiendo Andrés Manuel’; como decía su camarada del bloque conservador, ‘¿y yo por qué?’”, dijo López Obrador en referencia a Vicente Fox.

“No tengo nada que ver absolutamente, pero él pensando que echándome la culpa, sintiéndose perseguido, la iba a librar y pues muy mal ese proceder”, añadió entonces López Obrador.

“Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló que recibió instrucciones superiores para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, para que votara a favor de la reforma energética, que privatizaría la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras como Odebrecht”, dijo por su parte en esas fechas la FGR.

La dependencia explicó entonces que Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, Marcelo Odebrecht y Luis Alberto de Meneses Weyll, directivos de Odebrecht, señalaron en actas ministeriales en Brasil su intención de obtener a partir de 2021 controles y contratos con Pemex.

“Y para ello, entregaron sobornos a Emilio Lozoya Austin, como primer pago de 10 millones de dólares para garantizar el control sobre esa producción petrolera”, detalló en ese entonces la autoridad.

Agregó en ese momento que las diligencias ministeriales muestran que los 6 millones 800 mil dólares fueron entregados a Ricardo Anaya Cortes a través de una persona de confianza del exdirector de Pemex, conocido con el nombre de Norberto.

Ricardo Anaya Cortés recibió un soborno preventivo de la petrolera brasileña en las instalaciones de la Cámara de Diputados en 2014, añadió en su momento la FGR.

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“De conformidad con lo señalado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma constitucional en materia energética, quedó constancia de que Ricardo Cortes votó a favor de la misma”, manifestó entonces la FGR.

“Los testigos Miguel “N” y Froylán “N” manifestaron haber presenciado diversas visitas de Ricardo Cortés Anaya y otros legisladores a las oficinas de Emilio Lozoya Austin, en la dirección General de Pemex”, añadió.

El Ministerio Público necesita exponer al Juez de Control los datos de prueba con los que considere, que se establece un hecho que la ley lo señale como delito y probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

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