El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute hoy si la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo una consulta popular para enjuiciar a expresidentes es o no constitucional.
Aunque entre los 11 ministros del máximo tribunal constitucional del país hay perfiles considerados como “cercanos” al presidente de la República, es muy probable que el proyecto se vote a favor de manera unánime, asegura Marco Pérez, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.
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“El proyecto del ministro Aguilar contempla que esa consulta sería inconstitucional. Los argumentos centrales en su proyecto, que tiene mucho sentido, es que someter a consulta popular una pregunta de ese tipo violenta derechos humanos, los derechos humanos no pueden estar al capricho de las mayorías, son inherentes a las personas (…) Seguramente mañana veremos que la mayoría de los ministros confirma esa misma decisión, seria aberrante si no ocurre así”, aseguró el especialista.
El pasado 24 de septiembre Luis María Aguilar, ministro de la SCJN, presentó una propuesta para declarar inconstitucional la solicitud del presidente para someter a consulta si se somete o no a juicio a los ex presidentes por posibles delitos cometidos.
En el documento se argumenta que la solicitud debe catalogarse como inconstitucional porque “la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos”.
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Además agrega que a la ciudadania no le corresponde decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en ejercicio de la función pública, la participación ciudadana compete obligadamente denunciar los hechos delictivos de los que tengan noticia y coadyuvar con las instituciones del Estado.
El 15 de septiembre López Obrador envió al Senado un documento en el que solicitó que se consultará a los ciudadanos mexicanos si estaban de acuerdo o no con que las autoridades investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderon y Enrique Peña Nieto, antes durante y después de sus gestiones.
El artículo 35 de la Constitución señala que las consultas populares serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o los ciudadanos, en un número equivalente de 2% de los inscritos en la lista nominal de electores.
En caso de que se concrete la convocatoria, la SCJN tiene que revisar la redacción de la pregunta para asegurarse de que no se trate de una pregunta tendenciosa o vulnere algún derecho.
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En 2011 se reformó el artículo 1 de la constitución mexicana para establecer que los derechos humanos eran reconocidos y no otorgados, apuntó Pérez.
“Los Derechos Humanos no pueden ser vulnerados o eliminados porque lo exponga una ley y mucho menos que lo exponga una mayoría en una consulta. Estos derechos, que se verían vulnerados, serían el principio de presunción de inocencia, el debido proceso, la garantía de contar con un tribunal independiente, el principio del monopolio de investigación pro parte de la fiscalía y varios más”, señaló el especialista.
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Las cercanas a AMLO
Aunque el especialista confió que la propuesta sea votada a favor casi de forma unánime, señaló que existen dos perfiles en la Suprema Corte cercanos a López Obrador: Margarita Ríos Farjat y Yasmine Esquivel Mossa.
“Yo esperaba que todos votaran en consecuencia con el Estado de Derecho, em sorprendería que alguno no votara en ese sentido pero si así ocurriese tendría que ser necesariamente porque tiene algún vinculo ideológico con la 4T y en ese sentido serían las ministras que entraron rescientemente Ríos Farjat y Esquivel Mossa”, señaló.
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