Resguardan instalaciones de Pemex, construyen el aeropuerto de Santa Lucía y también lo harán con algunos tramos del Tren Maya; desde mayo de este año se enfocan en la reconversión de 19 hospitales para la atención de pacientes con Covid-19; y desde el lunes pasado están facultados para llevar a cabo actividades de seguridad pública.
Desde el arranque de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, las Fuerzas Armadas han asumido diversas tareas de seguridad y control de otras áreas ajenas a las actividades que están facultados para llevar a cabo.
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Se trata de la “militarización” del gobierno y la materialización de lo que por años intentaron gobiernos como el de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, asegura Alejandro Madrazo Lajous, profesor investigador del Programa de Política de Drogas del CIDE.
“Es más grave este que otros intentos de militarizar, esto se construye sobre un trayecto ya muy largo y muy acumulado de militarización en otras áreas de gobierno. De 2006, cuando Calderón sacó a los militares a la fecha, hemos militarizado no sólo la seguridad pública, sino muchas más áreas”, apunta el especialista.
En diciembre de 2018, pocos días después de asumir su mandato, López Obrador determinó que elementos del Ejército y la Marina resguardarían 58 instalaciones de Pemex como parte del plan para atajar el robo de combustible, poco después también se estableció que los militares se encargaron de la construcción y operación del nuevo aeropuerto de Santa Lucía; y hace unos meses de informó que lo mismo ocurrirá con la construcción de algunos tramos del Tren Maya.
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El año pasado elementos del Ejército y Marina apoyaron en la remoción del sargazo que invadió playas del Caribe Mexicano, repartieron libros de texto gratuito y entregaron tarjetas de los programas de desarrollo social de AMLO.
La milicia en México también se ha dedicado a reconvertir 19 hospitales militares en instalaciones para atender a enfermos de Covid-19, distribuir insumos médicos y contratar personal médico desde que inició la crisis sanitaria.
Además está pendiente el análisis de una iniciativa que busca sustituir a funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por integrantes de la Marina en las tareas de control de puertos.
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Ahora la seguridad pública
El decreto que se publicó el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece que las Fuerzas Armadas participarán en tareas de seguridad pública durante cinco años en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial; forma parte de una “agenda de militarización ampliamente acariciada”, asegura Madrazo Lajous.
“La primera vez que se propuso darle facultades de seguridad pública legalmente a los militares, fue 2009 proponiendo un nuevo capítulo de seguridad interior en ley de seguridad nacional, el Congreso rechazó esa iniciativa en 2011.
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“En 2016 básicamente la misma propuesta se vuelve a presentar pero ya no como un capítulo de Ley de Seguridad Nacional, sino como Ley de Seguridad Interior, que se aprobó en diciembre de 2017 pero esa ley fue impugnada y noviembre de 2018 fue declarada inconstitucional por la SCJN”, apunta.
Con la llegada de López Obrador al poder esta militarización se ha ido concretando, pese a que el Congreso rechazó la integración de una Guardia Nacional militar y aprobó una civil.
“Hace un año se acordó en la constitución crear un cuerpo policiaco y civil y le llamaron Guardia Nacional y el presidente lo que hizo fue crear un cuerpo militar en activo, con mando militar en activo, reclutas militares, con presupuesto militar, equipamiento militar, cadenas de mando militar, la Guardia Nacional no tiene nada civil”.
