Pese a la polémica por uso indebido de recursos en su campaña, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó, por unanimidad de votos, el triunfo de Samuel García Sepúlveda, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Nuevo León.
El PRD solicitó que se declarara la nulidad de la elección tras acusar que el emecista había rebasado el tope de gastos de campaña y recibió apoyo mediático por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un análisis hecho por el magistrado José Luis Vargas Valdés, quien promovió el proyecto de ratificación, se determinó que en la campaña de García y Movimiento Ciudadano tuvo un gasto de 43 millones 444,417 pesos, lo que significa un gasto por debajo del límite establecido por la Comisión Electoral de Nuevo León (CENL) en 28 millones 641,923 pesos.
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De acuerdo a la CENL, la campaña para la gubernatura del estado tenía un tope de gastos de campaña de 72 millones 86,342 pesos.
Por esta razón, la Sala Superior determinó desechar las impugnaciones realizadas por el PRD y ratificar la decisión del Tribunal Electoral de Nuevo León y la emisión de la constancia de validez de la elección.
El Tribunal electoral determinó que de la totalidad de las violaciones planteada por parte del PRD sólo se acreditaron las referentes al principio de imparcialidad por parte del presidente de la República y el uso indebido de recursos.
Sin embargo, los magistrados consideraron que estas acciones no interfieren con el margen del 8.8% que obtuvo García respecto al segundo lugar de la votación.
El pasado 22 de septiembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la multa que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) a Movimiento Ciudadano por 28 millones de pesos al acreditarse que se triangularon recursos por parte de familiares de Samuel García a su campaña a la gubernatura de Nuevo León.
De acuerdo con una indagatoria de la Unidad de Fiscalización del INE, familiares del candidato emecista habrían otorgado recursos por 14.2 millones de pesos de entes que tienen prohibido hacer aportaciones a campañas electorales.
