La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) desmenuzó una serie de riesgos que traería para la competencia y libre concurrencia una reforma a la Ley de Aeropuertos que quite los candados para que las empresas paraestatales operen de manera simultánea aeródromos y líneas aéreas, tal y como pretende el gobierno federal con Mexicana de Aviación y el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V, empresa del Ejército.
Ante diputados, José Nery Pérez Trujillo, titular de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos de la Cofece, explicó que un control de esta magnitud puede implicar que la empresa paraestatal traslade su poder de mercado aguas arriba, es decir, el control de la infraestructura aeroportuaria, hacia el mercado aguas abajo, que es donde operan los concesionarios y permisionarios de transporte aéreo con el fin de desplazar a otros competidores.
“Existen riesgos a la competencia cuando una aerolínea controla un aeropuerto, lo que se llama estrechamiento de márgenes. Esto es cuando la empresa dueña del aeropuerto puede aumentar o instaurar nuevas tarifas por el uso del aeropuerto que lleve a los competidores en el mercado de transporte aéreo a aumentar sus pasajes o a reducir sus márgenes de ganancia”, explicó el funcionario.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), un “estrangulamiento de márgenes” es cuando la empresa integrada ofrece el insumo intermedio a un precio tal que a una empresa eficiente aguas abajo no le resulta rentable participar en el mercado.
Este tipo de conductas ocurre en un contexto de relaciones verticales, donde una empresa dominante en el mercado aguas arriba utiliza su posición como proveedor esencial para “estrangular” los márgenes de los rivales aguas abajo, con el objetivo de excluirlos del mercado.
A partir la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y del Tren Maya, el presidente López Obrador ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) crear la empresa Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica S.A. de C.V., que tendría bajo su cargo la administración del AIFA, así como de los aeródromos de Tulum, Chetumal y Palenque.
Sin embargo, a fin de incentivar la competencia en el sector y la conectividad regional, el mandatario federal adquirirá en 700 millones de pesos la marca de la extinta Mexicana de Aviación con el objetivo de echar a andar una aerolínea operada por el Ejército.
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La nueva Mexicana, de acuerdo con los planes del gobierno federal, debe estar operando hacia finales de este año con 10 aeronaves arrendadas y un costo operativo anual de alrededor de 1,800 millones de pesos.
En ese sentido, el representante de la Cofece advirtió sobre otro riesgo que podría traer al mercado aéreo la integración de infraestructura y servicios de transporte aéreo bajo un mismo competidor en lo relativo a los servicios aeroportuarios.
Por ejemplo, señaló que la empresa dueña del aeródromo podría asignar salas de espera más lejanas, menos espacios para oficinas o mostradores más alejados, lo que podría resultar adverso para los demás competidores.
De igual forma, apuntó sobre el riesgo que traería que una aerolínea sea operada por el Estado, así como de la infraestructura aeroportuaria por los subsidios cruzados, donde la paraestatal podría presionar a sus competidores a reducir sus ganancias abaratando el costo de los pasajes.
Los subsidios cruzados implican cobrar tarifas por debajo de los costos a un grupo de usuarios y tarifas por encima del costo a otros, usualmente a usuarios industriales y al comercio.
De acuerdo con solicitudes de información a la empresa AIFA S.A. de C.V. hasta el pasado 31 de diciembre de 2022, la hacienda pública ha transferido alrededor de 1,282 millones de pesos en subsidios a la nueva terminal aérea con el objetivo de no registrar pérdidas.
Según Mexicanos Unidos contra la Corrupción, del 10 de abril al 30 de junio, Hacienda inyectó 144 millones de pesos al AIFA, cifra que representó la totalidad de sus gastos en el segundo trimestre del año.
Al respecto, el órgano de vigilancia económica expuso que a fin de garantizar un piso parejo entre las empresas aéreas del Estado con las privadas, se debe determinar en la ley la prohibición a que reciban ayudas o subsidios del gubernamentales que les permitan operar en mejores condiciones que sus competidores.
“En caso de considerarse conveniente tener esta integración, con el fin de evitar riesgos en materia de competencia y libre concurrencia, se sugiere establecer en la Ley Aeropuertos que debería de existir una segunda separación contable y funcional de las actividades de administración del aeropuerto y la del servicio de transporte aéreo de pasajeros”, señaló Pérez Trujillo.
“La iniciativa menciona que las empresas paraestatales que brindan el servicio de transporte aéreo de pasajeros estarán sujetas a las mismas obligaciones que tengan las empresas privadas. En este sentido, la iniciativa sugiere que la entidad designataria tendrá las mismas obligaciones que las empresas concesionarias”.
Cofece tendrá última palabra para dar control de aeropuertos y aerolíneas al Estado
Ante la eventual aprobación de la reforma a la Ley de Aeropuertos que permite al Estado controlar aeropuertos y aerolíneas, será la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) la que tenga la última palabra sobre la aplicación y alcances de esta nueva reglamentación.
José Nery Pérez Trujillo, titular de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos de la Cofece, comentó que bajo la Ley Federal de Competencia Económica, este órgano podrá autorizar o condicionar el control de un aeropuerto a una aerolínea.
“De acuerdo con la misma Ley Federal de Competencia Económica, la Comisión podrá establecer o aceptar condiciones, entre otras, para asegurar el acceso abierto no discriminatorio en el aeródromo así como las demás que estime convenientes para evitar que la integración pueda disminuir dañar o impedir la competencia y libre concurrencia”.
“Del mismo modo, cabe señalar que la Ley Federal de Competencia Económica permite investigar y en su caso sancionar como prácticas monopólicas relativas la negativa de acceso a un insumo esencial o la utilización para estrechar márgenes de ganancia de un competidor”, apuntó.
