La nueva ley nada dice de la participación social y cómo el Coneval se podría nutrir de ésta. Y no está claro si se modificarán la definición y medición de la pobreza.

 

Por Marcelo Delajara

Una parte fundamental de la nueva estrategia del Banco Mundial para reducir la pobreza extrema al 3% de la población mundial en 2030 es la disponibilidad de datos y estadísticas, relevantes y confiables, sobre la pobreza y los factores que la determinan. En el caso de México, el organismo encargado de la definición y medición de la pobreza es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Este organismo público descentralizado, creado en 2004, realiza una medición de la pobreza siguiendo un enfoque “multidimensional”; adicionalmente supervisa la evaluación de los programas sociales que realizan las unidades administrativas del gobierno federal. El Coneval ha situado a México en la vanguardia en lo referente a la medición de la pobreza y la evaluación de la política social.

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En buena medida, el éxito del Coneval se puede atribuir a su autonomía “real”. Los secretarios de Desarrollo Social (Sedesol), en su función como presidentes del Comité Directivo del Coneval, jamás han impedido hacer su trabajo al secretario ejecutivo y a los seis investigadores académicos miembros del Comité. El resultado es la incuestionable confianza nacional e internacional en las medidas de pobreza para México. Éstas se actualizan cada dos años; las correspondientes a 2014 se anunciarán en julio próximo.

Por lo anterior, sorprende que una nueva ley que propone cambios importantes en la estructura de gobierno del Coneval, y en el proceso de elección de sus miembros, esté demorada en el Senado desde hace varios meses, después de haber sido aprobada en la Cámara de Diputados. Desde el punto de vista de los ciudadanos interesados en que se mantenga la suficiente autonomía política y la capacidad técnica en la medición de la pobreza, ¿es la nueva ley un paso adelante? Si es así, ¿cuál es la razón por la que todavía no ha sido aprobada?

Los principales puntos de la ley son la mayor distancia que pone entre el secretario de Desarrollo Social y el secretario ejecutivo del Coneval, una participación más técnica y menos ejecutiva de los investigadores académicos, así como el mayor peso que otorga a la Comisión Nacional de Desarrollo Social y a los diputados en la elección de los miembros del organismo. Así, en apariencia, la nueva ley parece conducir a una mayor participación política sobre la elección de las autoridades del Coneval y a la definición de competencias entre los funcionarios político-administrativos y académicos al interior de éste. No obstante, estos cambios también pueden volver más burocrático el proceso de selección de las autoridades y al organismo mismo.

Lo que preocupa más de la propuesta de ley, sin embargo, son algunas de sus posibles implicaciones y las omisiones que hay en ella. Por un lado, no está claro si con esta ley, y con el consecuente cambio de autoridades y competencias, eventualmente se modificarán los lineamientos para la definición y la medición de la pobreza. Por otro, en la propuesta faltan definiciones respecto a la articulación entre esta ley y la Ley General de Desarrollo Social, así como sobre la coordinación del Coneval con los tres órdenes de gobierno.

El nuevo contexto que crea la ley del Coneval es adecuado para repensar el papel de las organizaciones civiles en la lucha contra la pobreza. La nueva legislación nada dice sobre los mecanismos de participación social y sobre la manera en que el Coneval se podría nutrir de ésta. Por ejemplo, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que agrupa a decenas de organizaciones civiles, tendría que estar al tanto del proceso de selección de las autoridades del Coneval. Un observador ajeno al gobierno dentro de la Comisión Nacional de Desarrollo Social ayudaría a facilitar las relaciones gubernamentales con la sociedad civil y con otros organismos.

Finalmente, es importante mencionar que las unidades administrativas de los gobiernos no pueden ser las únicas que realicen evaluaciones de programas sociales contra la pobreza. Resulta necesario que la sociedad civil mantenga un esfuerzo continuo de cooperación entre diversos organismos no gubernamentales, de manera que se identifiquen y evalúen científicamente de manera independiente las iniciativas que realmente funcionen y se propicien cambios reales en las políticas públicas. Aquí también, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza podría facilitar la cooperación como mediador y organizador.

 

Marcelo Delajara (@MarceloDelajara) se doctoró en Economía en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, 1999). Fue profesor, investigador y consultor en diversas instituciones (UDLA-P, CIDE, BID, PNUD, Banco Mundial y Banco de México, entre otras). Actualmente es investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Las opiniones de Marcelo Delajara son a título personal y no representan necesariamente el criterio o los valores del CEEY.

 

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