- La primera y más obvia es que se basan exclusivamente en la legislación y regulación vigentes, que como productos sociales se encuentran (o deberían encontrarse) sujetos a la voluntad popular. Ésta no puede ser medida tan fácilmente en el caso de los usuarios de Uber y Cabify, porque, a diferencia de los concesionarios de transporte público, no están organizados gremialmente. Pero existen medios para medir esa voluntad, y si a diferencia de lo hecho con otros temas, el gobierno del DF no considerara oportuno organizar una consulta pública, para muestras están el “trending topic” #UBERSEQUEDA y la petición abierta para firma en change.org.
- La segunda es que, sin mucho “futurearle”, a pesar de que el gobierno del DF se negara a reformar la regulación de la movilidad en la Ciudad de México para incorporar a Uber y Cabify, y los concesionarios de transporte público lograran sacar del mercado a estos competidores, sería una victoria pírrica al paso de una década, como máximo, pues las plataformas de la economía colaborativa no son la única amenaza que se cierne sobre su actual negocio.
¿Por qué nos peleamos por Uber?
El gobierno del DF, al igual que los de otras ciudades en las que Uber y Cabify operan, se encuentra ante la disyuntiva entre mantener un mercado que preserve un statu quo poco propicio para el progreso, o allanar desde ahora el camino hacia el futuro.
Por Rodrigo Orenday Serratos
Parece que al menos por una vez y con respecto a una cosa podría haber congruencia entre el slogan en vigor para la capital de México y sus circunstancias. Antes fue la “Capital en Movimiento”, a pesar de que durante años la movilidad aquí fue prácticamente nula a causa de las múltiples obras que se ejecutaban por toda la ciudad; hoy es la ciudad en la que (se supone) estamos decidiendo juntos, y la controversia de las plataformas de Uber y Cabify ofrece la oportunidad para que la administración actual dé un giro respecto de una de tantas acciones que han motivado el descontento de sus gobernados.
La Secretaría de Movilidad anunció la semana pasada que en junio llevará a cabo mesas de debate con académicos, concesionarios y ONG sobre los aspectos jurídicos, administrativos, económicos y sociales que dichas plataformas implican con miras a su regulación, aunque mientras tanto refuerza los operativos en contra de quienes operan a través de ellas, motivando el descontento de sus usuarios.
Las posturas están radicalizadas. Los usuarios que aplauden y defienden a Uber y Cabify, es porque satisfacen una necesidad mucho mejor de como lo hacen los concesionarios de transporte público, pues el servicio es de mayor calidad y seguridad, y también mejor de lo que lo hace el gobierno mismo, pues el proceso de incorporación de vehículos y conductores en ambas plataformas es más eficiente y seguro. Los concesionarios defienden la inversión que han hecho en el coto que la regulación vigente les ha otorgado a través de sus concesiones, y el gobierno de la ciudad sostiene que sólo cumple su función de aplicación de la Ley vigente, puesto que, a su parecer, aquellos servicios transgreden la normatividad vigente en materia de movilidad.
Por válidos que sean los argumentos de los concesionarios y del gobierno, tienen dos grandes debilidades.