Por Ricardo Bucio*

La niña indígena de Oaxaca que con gran esfuerzo camina dos horas para llegar a la escuela y estudiar en su lengua zapoteca, el bebé de Monterrey que recibe atención en el Seguro Social, el chico de Guerrero que quiere migrar a Estados Unidos porque cree que es su única alternativa frente a su pobreza, la niña de Ciudad de México que desea ir a su secundaria sin tener miedo, el adolescente que busca estudiar bachillerato, pero no alcanza el dinero.

Hoy todas y todos comparten algo en común que tienen derecho: a la educación, a una vida libre de violencia, a la seguridad social y de salud, a participar y opinar en los asuntos que les afectan, a tener acceso a internet, entre otros. Son sujetos de derechos y todas las autoridades tienen la obligación de atenderles: ya no más “derechitos para personitas” o sólo se les reconocen los derechos que sus padres creen que deben tener.

Todo el cambio comenzó con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, pero tuvieron que pasar más de 20 años para hubiera una armonización clara y precisa y eso sucedió con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), promulgada el 4 de diciembre de 2014. La cual contó con el apoyo de todos los partidos políticos, de organizaciones sociales y aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión. La LGDNNA creó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que encabeza el presidente de México, los 32 gobernadores de los estados, secretarías de estados, organizaciones de la sociedad civil y academia.

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Pero para que esta Transformación sea una realidad en dónde viven las niñas, niños y adolescentes, es necesario un cambio cultural que revalore y se les atienda porque tienen derechos, no por dádivas, asistencialismo o regalos.

A lo largo de tres años, he viajado por todos los estados de México y varios municipios. He percibido cómo tienen una expectativa clara de cómo desean vivir, he platicado con ellas y ellos, he escuchado sus voces, he visto sus dibujos, he mirado sus juegos y todo expresa cómo quieren ser tratados. Sin que lo sepan claramente coinciden con la perspectiva de derechos que contiene la LGDNNA y demás ordenamientos que establecen la obligación de protegerles para promover su supervivencia, desarrollo, participación, todo ello sin discriminación alguna no importando dónde nacieron, su color de piel o su nivel económico.

También he notado como las autoridades deben cambiar su manera de pensar, de actuar; ya no se trata de trabajar aisladas sino en equipo. Hoy se requiere llevar acciones, servicios y actividades de gobierno allí donde se necesitan: en sus barrios, colonias, pueblos y ciudades donde viven, en sus escuelas, en las calles donde juegan.

El entrante gobierno de México busca transformar la vida de la población para incrementar el bienestar de todas y todos. Tiene entonces la oportunidad de poner al centro de su Transformación a los derechos de la niñez y la adolescencia, garantizarlos para impulsar el desarrollo real de 40 millones de mexicanas y mexicanos entre 0 y 17 años, el 32% de la población del país: 32% de su presente y el 100% de su futuro.

*Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

 

Contacto:

Twitter: @ricardobucio

Página Web: gob.mx/sipinna

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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