Finalmente, tenemos el Paquete Económico 2019 que es el documento más esperado por mercados financieros, inversionistas, medios, analistas y ciudadanía en general, porque es donde quedan plasmadas lo que son las intenciones, objetivos y metas de la nueva administración. Es donde en concreto se ve la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, donde a las promesas se les pone dinero detrás y donde quedan honradas las promesas, así como reveladas las preferencias y prioridades para el próximo año. En este paquete se han puesto los ojos de los mercados financieros e inversionistas ante la incertidumbre generada por las decisiones recientes de cancelar el NAIM en Texcoco y la de facto cancelación de la Reforma Energética, buscando traer claridad y certidumbre sobre un manejo responsable de la economía. En una palabra, este es el documento accionable más importante para generar y recuperar confianza sobre la viabilidad de la nueva administración. Por esto, el paquete económico es crucial tanto para la base votante que busca se honren las promesas de campaña como para los inversionistas que buscan claridad y responsabilidad en el manejo financiero de México.

¿Pero qué es lo que logra este Paquete Económico 2019 y en particular este proyecto de presupuesto? ¿Qué tanto cumple con promesas y qué tanto con las preocupaciones de los inversionistas? Veamos.

  1. Criterios de política económica. Son relativamente optimistas y reconocen un contexto económico con ciertos factores de riesgo asociados a las tensiones comerciales y geopolíticas, un menor dinamismo de la economía de Estados Unidos y la normalización de la política monetaria en las políticas desarrolladas, se propone un crecimiento de 2% vs. un 1.8% esperado por los especialistas, una inflación del 3.4%, un tipo de cambio de 20 pesos para todo el año y un precio de la mezcla mexicana de 55 dólares por barril vs. un precio actual 3% menor. Los supuestos parecen razonables y en rango, aunque quizá un poco optimistas en cuanto a tipo de cambio, inflación y crecimiento económico.
  2. Ley de Ingresos. Se espera que la recaudación total de impuestos ascienda a 3 billones 287 mil 605 millones de pesos (mdp), lo que implica un crecimiento de 11% respecto a la recaudado el año pasado. Considerando que no hay impuestos nuevos ni ajustes en las tasas de los impuestos existentes, el incremento en la recaudación necesariamente deberá recaer en los esfuerzos recaudatorios del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto tendrá que lograrse por eficiencias para cerrar la brecha entre las tasas nominales de impuestos y las tasas efectivamente pagadas que reduzcan la evasión y la elusión, mediante auditorías y mejoras en la fiscalización. En cuanto a las finanzas públicas el proyecto plantea un superávit primario de 1%, lo cual es una muestra de disciplina en la conducción macroeconómica y que manda con claridad un mensaje a los mercados sobre la conducción de la economía y el compromiso con la estabilidad.
  3. Presupuesto de Egresos. Revela de forma muy clara las prioridades de la nueva administración y resultan muy consistentes con lo que se había dicho respecto a una mayor participación del Estado en la economía, centralización, austeridad y un mayor contenido social.
  • Centralización y austeridad. De los llamados Órganos Constitucionales Autónomos tenemos que todos -salvo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que tiene un incremento de 56%, observan caídas en su presupuesto, lo que es consistente con austeridad y centralización del poder. Destacan las caídas del Instituto Nacional Electoral (INE) con 35.1%, el Tribunal Federal Electoral (Trife) con 35.5%, así como la reducción al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con 17.9% y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), con 14.2%. En el caso del poder judicial se destacan las reducciones a los presupuestos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con 18.3%, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) con una disminución de 9.7%. En el caso del Poder Judicial tenemos una reducción del presupuesto del orden del 12% y del poder legislativo reducciones para la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, de 22.9% y 22.7%, respectivamente. Así, tenemos consistencia con los preceptos de austeridad y de centralización de recursos en el Ejecutivo.
  • Secretarías de Estado. Del total de estas, sólo siete tienen incrementos en su presupuesto. Las que contarán con mayores recursos son la Secretaría de Energía (Sener) con un incremento de 961%, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social con 932%,, la Secretaría de Turismo con 116%, la Secretaría de Bienestar (Sedesol) 40.8%, la Secretaría de la defensa con 11.3%, la Secretaría de Desarrollo Territorial con un Sedatu 7.7% y la Secretaría de Educación con un 2.9%. De las dependencias que tienen reducciones a su presupuesto, se destacan entre las más castigadas a la Semarnat con 32.1%, Comisión Reguladora de Energía (CNE) con 31.1% y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) con 31.3%. Por el monto del recorte en términos absolutos se destacan las reducciones a la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con disminuciones en su presupuesto del orden de 23 mil y 21 mil mdp, respectivamente. El aumento tan cuantioso para la SENER tiene que ver con el cambio en la política energética y para las paraestatales como Pemex y CFE, así como para los proyectos anunciados de refinación y perforación de pozos petroleros, así como generación de electricidad de esta última empresa.
  • Ramo 23. Este rubro del presupuesto ha sido muy criticado por la actual administración y se han referido como los “fondos de los moches”. La promesa de campaña había sido que desaparecería. Y aunque sigue existiendo este ramo en el presupuesto, sí desparece el “Fondo de Fortalecimiento Financiero” que había sido uno de los fondos que más crecía en función de los montos ejercidos que resultaban muy superiores a los presupuestados y del cual se apoyaban las entidades.
  • Gasto en comunicación social. Llama la atención la centralización y crecimiento del gasto en materia de comunicación social -tan criticado en administraciones anteriores- que se reubica en la Secretaría de Gobernación (Segob). En concreto el gasto en comunicación social crece en 39% respecto al año anterior y el 43% lo concentra la Segob, el Seguro (IMSS) con 16%, Hacienda (SHCP) con 4.8% y el Inegi con el 4.3%.
  • Proyectos de inversión. En cuanto a los proyectos de inversión se plantea una inversión que asciende a 251 mil mdp para los proyectos prioritarios del sector central. Entre estos se destacan el de “Pensión para el bienestar de las personas adultas” y el de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que ascienden respectivamente a 100 mil y 44 mil mdp. Por su parte, el proyecto de “Modernización y Rehabilitación de la Infraestructura Aeroportuaria y de Conectividad (Santa Lucía, ampliación AICM y aeropuerto de Toluca) contemplan una bolsa de 18 mil mdp. En el caso de “Tren Maya” se destina 6 mil mdp para su arranque.

En resumen, el paquete económico 2019 logra armonizar razonablemente las promesas de campaña, las expectativas de los votantes y la prioridad de lo social con una conducción responsable y equilibrada de la macroeconomía que buscan los inversionistas y los mercados. Si bien temas como la calidad de los proyectos, su naturaleza e impacto, así como los evidentes cambios en políticas como la energética y su efectividad merecen una discusión aparte, el hecho es que el presupuesto se mantiene con un cierto grado de equilibrio. Esperemos esta sea la primera parte de un entendimiento de lo que se propone con este cambio y se abran los espacios para una mejor comunicación y un mayor entendimiento del proyecto de la nueva administración con el electorado opositor, los medios, los mercados y los inversionistas. Mata más la duda que el desengaño.

 

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