El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que durante los procesos electorales de 2016, 2017 y 2018 se ha sancionado a los partidos políticos nacionales y locales con 340 millones 773 mil 346 pesos, por diversas irregularidades que cometieron en materia fiscal.

En sesión extraordinaria, el Consejo General recibió el informe que presentó la Comisión de Fiscalización respecto al estado jurídico que guardan los procedimientos administrativos sancionadores en la materia, así como las sanciones impuestas durante 2016, 2017 y 2018.

De este monto, se detalla que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es quien debe un alto porcentaje (60.75%), al contraer una deuda de 40 millones 206 mil 335.59 pesos, según El Sol de México.

Pero, según Excélsior, la representación del PRI en el INE, solicitó a los consejeros adecuar los criterios de sanción a “los nuevos tiempos” que vive el sistema de partidos, durante la discusión de diversas multas a los partidos por afiliaciones indebidas de ciudadanos.

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Marcela Guerra, representante del PRI ante el INE, dijo que su partido se pronuncia a favor de replantear los criterios para no poner “en jaque” a la vida partidaria de los institutos políticos, “a partir de una inercia en el modo de sancionar que ya no se apega a la realidad que tenemos por delante”.

Por ello solicitan reducir las multas. Además el PRI en el Senado de la República propuso modificaciones al artículo 41 constitucional y a las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, a fin de disminuir la dependencia de estas organizaciones al financiamiento público y poder recibir más recursos privados.

Al exponer ante el pleno el tema, la senadora Claudia Ruiz Massieu, presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció la importancia de disminuir los excesivos recursos públicos que se destinan a los partidos políticos.

Explicó que la fórmula para calcular el financiamiento público a los partidos se basa en buena medida en la desconfianza sobre otro tipo de apoyos y en instituciones que no tenían suficiente capacidad para fiscalizar los recursos.

Sin embargo, apuntó, esta fórmula ha llevado a un exceso de financiamiento público y a que prevalezca “una diferencia abismal entre el financiamiento público y las aportaciones privadas, limitando significativamente la posibilidad de que los militantes financien legítimamente a sus partidos”.

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