Sólo uno de los siete programas o instrumentos presupuestarios que se enfocarán en la reconstrucción de la infraestructura afectada por los sismos del 7 y 19 de septiembre, así como el apoyo a las personas afectadas, cuenta con un nivel óptimo de desempeño.

De acuerdo a las reglas de operación de la Ley General de Protección Civil, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), el proceso de reconstrucción se operará a través de siete instrumentos programático-presupuestarios algunos de los cuales deben mejorar en términos de gestión y cobertura, advierte el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP) 2017.

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De acuerdo con el estudio, elaborado por la organización Gestión Social y Cooperación (GESOC), sólo el Programa de Empleo Temporal, ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Social, cuenta con un nivel de desempeño óptimo.

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Los programas de Empleo Temporal, gestionados por las secretarias de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), fueron clasificados como programas “Caja Negra del Gasto Social Federal”, así como el FONDEN y el FOPREDEN.

Con lo anterior, el INDEP se refiere a que en estos programas no se puede estimar su nivel de desempeño, toda vez que no reportan información sobre su cumplimiento de metas y la cobertura de su población potencialmente beneficiaria.

En tanto los programas de Apoyo a la Vivienda y el Programa de Infraestructura implementados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) mostraron características de dispersión y un nivel de desempeño escaso.

Con dispersión, el índice etiqueta a los programas que si bien el programa cuenta con una alta calidad de diseño y que obtuvieron avances aceptables en el cumplimiento de las metas que se proponen, presentan bajos niveles de cobertura de su población objetivo.

Con este panorama es difícil afirmar que la estrategia de reconstrucción implementada por el gobierno federal es la más adecuada, afirma Lorena Cortes, directora adjunta de GESOC.

“En realidad ya tenemos muchos programas dentro de esta estructura de programas de desarrollo social que no deberían de contar con presupuesto, al menos no tan alto como el que tienen, puesto que se encuentran en esta caja negra o un nivel de desempeño escaso y no tenemos certeza de que está pasando con ellos”, advierte.

Agrega que la falta de transparencia de estos programas también pone en duda que su aplicación no sea con intenciones político electorales, sobre todo con la cercanía de la contienda electoral en 2018.

En ese sentido el INDEP recomienda que un aumento de recursos para el Programa de Apoyo a la Vivienda puede potenciar los efectos positivos en su implementación debido a que cuenta con una adecuada calidad de diseño y cumplimiento de metas anuales.

En el caso del Programa de Infraestructura requiere ser sometido a mejoras en términos de su calidad de diseño, gestión y cobertura, además de un potencial aumento de recursos presupuestarios, advierte el informe.

Señala que además de valorar la acumulación de recursos presupuestarios es importante enfocarse en los mecanismos específicos y las vías para su mejora, con el objetivo de que su implementación cuente con previsiones necesarias de transparencia y rendición de cuentas y para que sea eficiente en el uso de los recursos públicos destinados para ese propósito.

El INDEP 2017 analiza el desempeño de 136 programas y acciones federales enfocados en desarrollo social, para los que se aprobó un presupuesto total para este año de 870,051 millones de pesos.

El nivel de desempeño de estos programas se estima a partir de tres variables: calidad de diseño del programa, la capacidad mostrada por el programa para cumplir con sus metas y la cobertura de la población potencialmente beneficiaria del programa.

De acuerdo con la evaluación, 81.6%, es decir 111 de los 136, de los programas sociales del gobierno, no se puede estimar su desempeño debido a la opacidad o no tienen posibilidad de alguna de resolver el problema público que abordan debido a la dispersión programática y presupuestal que presentan.

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