Ya no será Pemex la misma imaginada por sus fundadores y quienes la nacionalizaron, ni la exprimida por los privilegios sindicales, la corrupción y el régimen fiscal.

 

 

Finalmente la reforma energética se concretó con la promulgación de las leyes secundarias. Un paso histórico, que la prensa extranjera califica como revolucionario, porque luego de 76 años de monopolios se abre el sector de la energía a la inversión privada. Un cambio drástico, sobre todo en lo que se refiere a los hidrocarburos y al futuro de Petróleos Mexicanos (Pemex).

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Una nueva era inicia, pero ahora ya en la práctica podrá juzgarse si el proceso que abren las reformas en las áreas del petróleo, el gas y la electricidad beneficiará pronto pero también en un futuro al país o, por el contrario, en aras de la mercadotecnia política y de los intereses sexenales, se intercambia oro negro por cuentas de vidrio.

Lo que parece cierto es que Pemex, como la empresa ícono del nacionalismo mexicano, luego de la promulgación de las leyes secundarias que reglamentan la reforma constitucional de diciembre de 2013, nunca será la misma que imaginaron sus fundadores y los protagonistas de la nacionalización petrolera, ni la misma que los privilegios sindicales, la corrupción y el régimen fiscal exprimieron.

Así que la promulgación de las leyes secundarias implican para Pemex una enorme transformación de la que se espera salga fortalecida, pero para la oposición izquierdista es el camino para su desaparición. Pemex se convierte en empresa productiva del Estado, cuyo dueño, como marca la Ley de Petróleos Mexicanos, será el gobierno, y como tal deberá buscar beneficios.

Para el director de Pemex, Emilio Lozoya, la aplicación de la reforma energética obligará a un cambio de visión de los trabajadores de la petrolera, que a fin de competir con las empresas que lleguen a México, no sólo piensen en producir a cualquier costo sino en ser eficientes y producir lo que cuesta menos.

Ya de entrada, además de competir con empresas privadas en las áreas de exploración y explotación del crudo y en el resto de los sectores productivos de la industria de los hidrocarburos, otro gran cambio corresponde a la salida del sindicato petrolero del Consejo de Administración de Pemex.

El Estado asumiría parte del pasivo laboral, correspondiente a pensiones y jubilaciones, que equivale a 1.1 billones de pesos, es decir, 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo cual era necesario para que Pemex estuviera en condiciones de competir con empresas privadas; sin embargo, sigue siendo cuestionable que hasta ahora los trabajadores no hayan aportado un solo centavo para su retiro en aras de que el Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), a cargo de Carlos Romero Deschamps, era intocable.

Si Pemex cederá un lastre al Estado con cargo a los contribuyentes y tendrá más capacidad para competir en el mercado nacional e internacional, se debe exigir que se eliminen privilegios como la herencia de plazas, bonos de gasolina de por vida o jubilaciones tempranas, ampliar la edad de retiro de los 55 a los 65 años y que ahorren en un sistema de cuentas individuales de retiro. No deben persistir empresas u organismos en que los trabajadores no aporten a su cuenta individual de retiro como Pemex y que se retiren con altos salarios sin que en su vida laboral hayan destinado un peso para su futuro. Es inconcebible que se permita la existencia de empleados de primera y empleados de segunda.

Además, para que el Estado asuma como deuda pública el 30% de estos pasivos, la empresa deberá aplicar programas de austeridad en el gasto, y otro requisito es que los pasivos laborales deberán someterse a una revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que determinará la composición del pasivo y como se elevó.

Otra cuestión es la carga fiscal que tiene Pemex. El secretario de Hacienda considera que en cinco años Pemex estará en condiciones de competir como igual con los grandes corporativos internacionales en las operaciones de la industria en el país. Tengo fundadas dudas porque el nuevo régimen sólo le generará una reducción en su carga fiscal de 5%, lo que es a todas luces insuficiente para los retos que deberá enfrentar la ahora constituida Empresa Productiva del Estado.

El tiempo dirá qué tan acertados estaban los promotores de la reforma. Si la balanza se equilibra a favor de la nación y su desarrollo es sustentable y equitativo, si las inversiones llegan como el gobierno proyecta y se traducen en un impulso al crecimiento económico y la creación de empleos, o al contrario, si por un beneficio político se despoja a la nación de su riqueza energética con la entrada de las grandes corporaciones internacionales a la producción petrolera.

 

 

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