Los programas sociales, a los que en el Presupuesto de Egresos Federal (PEF) 2018  se les asignó un incrementó de 2.9%, no están blindados para evitar su uso electoral, advirtió Lorena Cortés, directora general del organismo Gestión Social y Cooperación (Gesoc).

En el marco de un año electoral en el que además del presidente de la República se definirán los escaños del Senado y la Cámara de Diputados, así como ocho gobernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México; los aumentos más significativos del presupuesto de este año en materia social, se concentraron en programas y acciones que han sido señalados por su desempeño deficiente o por operar en condiciones de opacidad y que por ello son más vulnerables a ser utilizados con fines para los que no fueron creados.

Un análisis elaborado por Gesoc a los programas sociales federales y estatales señaló que la asignación presupuestaria no obedece a criterios de desempeño o transparencia de estos proyectos.

Por ejemplo, el PEF 2018 destinó 90,482 millones de pesos (mdp) a 25 programas que mostraron ser opacos. Este monto representa un incremento de 4.8% más de lo destinado a esos programas en 2017.

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“Hemos encontrado programas públicos que están en la completa opacidad, nosotros ni siquiera podemos decir cómo es su diseño o desempeño porque están en la caja negra de las políticas públicas de desarrollo. Eso es riesgoso porque creemos que pueden ser sujetos de manipulación política, electoral y es una situación muy grave”, dijo Cortés, en entrevista con Forbes.

Los programas pequeños y con menor precisión respecto a sus beneficiarios son más vulnerables a ser utilizados para uso político, a diferencia de programas más robustos, con manejo transparente y efectivo de sus recursos del gobierno federal, como la Pensión para Adultos Mayores, el Seguro Popular o el Seguro de Vida para Jefas de Familia.

Los que fueron señalados por un nivel de desempeño destacado tuvieron un aumento presupuestal mínimo, en promedio 1.55% más de los recursos que se les destinaron el año pasado, apuntó en su análisis Gesoc.

El organismo también alertó que 81.6% de los programas del gobierno federal, es decir 111 de 136, no está en condiciones de resolver el problema público que les dio origen justo por la opacidad o el bajo desempeño que los caracteriza.

“La política social en México no está cumpliendo con la función para la cual está destinada pese a que año con año hay un incremento presupuestal bastante grande en relación con los programas públicos para desarrollo y aun así el combate a la pobreza ha tenido pocos resultados”, señaló Cortés.

En ese sentido, la directora general de Gesoc señaló que es necesario vigilar el uso de estos programas, toda vez que, legalmente, no se han generado mecanismos para evitar su mal uso.

“No se ha combatido la pobreza a escala federal y nos hemos dado cuenta que tiene que ver con políticas públicas mal diseñadas o bien que no conocen la población a la cual se debe destinar el programa, no cuentan con padrón de beneficiarios y si lo hacen no tiene un seguimiento de esta información, la información no es pública, no está abierta, no está disponible para cualquier ciudadano y eso está en contra de cuestiones constitucionales porque estamos hablando de dependencias públicas que son sujetos obligados por parte de la ley”, apuntó la especialista.

 

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