Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), afirmó que la prohibición de glifosato decretada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tirará hasta 40 por ciento la producción de alimentos en México, un país con la inflación más alta en las dos últimas dos décadas por el encarecimiento de productos del campo.
“El Conacyt recurre a justificaciones ideológicas para la prohibición de un herbicida que, si se deja de aplicar a los cultivos, generará una pérdida de entre 20 y 40 por ciento de la productividad de alimentos”, dijo el representante de productores de agroquímicos mexicanos y extranjeros.
Una menor producción de alimentos por la prohibición del glifosato afectará de forma directa a 7 millones de agricultores, así como a otros 24 millones de personas que dependen de diversas formas de la agricultura, expresó el empresario.
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“La reducción de 20 por ciento en la producción de alimentos implica dejar de producir más de 76 mil millones de pesos, más de 35 veces el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”, comentó.
El empresario manifestó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología miente en la defensa para decretar la prohibición del glifosato en el campo mexicano.
María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, nunca aportó las pruebas, evidencias, estudios e investigaciones científicas que comprobaran que el herbicida glifosato es dañino a la salud y al medio ambiente, manifestó.
“En contraste con la posición del Conacyt, que defiende un decreto para prohibir el glifosato sin ningún respaldo científico y usando supuestas investigaciones, también tenemos el ejemplo de la Unión Europea, que dio a conocer el año pasado un extenso informe de 11 mil páginas para concluir que el uso de glisofato es seguro”, apuntó.
Las autoridades de la Unión Europea afirman que cuando se utiliza el glifosato según las instrucciones no es causante de cáncer, agregó Luis Eduardo González Cepeda.
El 31 de mayo de 2022, la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA, por sus siglas en inglés) “reportó que clasificar al glifosato como cancerígeno no está justificado y que la conclusión está basada en una amplia revisión científica e independiente, es decir, libre de conflictos de interés, en una respuesta implícita a críticas usuales de activistas que descalifican los estudios científicos que contradicen sus opiniones sobre el glifosato”.
La argumentación del Conacyt para defender la prohibición del glifosato apelando al “principio de precaución” y a “la defensa de derechos humanos” “responde más a cuestiones políticas e ideológicas”, declaró el presidente de la UMFFAAC.
“Nunca se ofrecen las pruebas de que la aplicación del glifosato genera los ‘los riesgos irreversibles o irreparables para el medio ambiente, la diversidad biológica y la salud humana’ por lo tanto, si sólo se afirma sin comprobar, pues apelar al principio precautorio no tiene ninguna validez”, expresó.
González Cepeda enfatizó que “cómo es posible que más de 120 países en el mundo no apliquen el principio de precaución, sobre todo en los países del primer mundo, donde sí se aplica el estado de derecho”.
Respecto a la justificación del decreto por parte de Conacyt apelando a los derechos humanos, el presidente de la UMFAACC dijo que se trataba de “una distorsión jurídica que no tiene mayor sentido, pues desde cuándo aplicar herbicidas autorizados por la propia Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, Cofepris, afecta a los derechos humanos.”
“Los argumentos que justifican la prohibición del glifosato basados en los juicios en Estados Unidos contra la empresa que fabrica este herbicida, también distorsionan la realidad, porque ninguno de ellos ha comprobado lo dañino que es el glifosato a la salud, si se aplica como lo indican las instrucciones del etiquetado, es decir, con el manejo adecuado que exige su utilización”, agregó.
González Cepeda también recordó dos casos muy representativos que deben llamar la atención en México.
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Por un lado, el caso de Sri Lanka, que fue noticia mundial, pues el gobierno prohibió el uso de fertilizantes sintéticos y plaguicidas y el resultado estuvo a la vista de todos: la baja sustancial de la producción agrícola, particularmente de arroz y de té, la principal fuente de divisas de ese país.
La baja producción agrícola en Sri Lanka desencadenó una inconformidad y malestar social generalizado, profundizó la dependencia alimentaria y no tuvo más opción que retirar la prohibición.
Por otro lado, las intensas protestas de agricultores en Holanda en contra del gobierno por los intentos de restringir el uso de fertilizantes sintéticos.
