La diputada por el PRI Martha Orta Rodríguez lanzó un proyecto de decreto para modificar el artículo 187 del Código Penal de San Luis Potosí para multar con hasta 4 años de cárcel y hasta 400 salarios mínimos a quien difunda imágenes que denigren o humillen a otra persona.

El Código Penal especifica: “Comete el delito de difusión ilícita de imágenes y sonidos quien trasmita, publique, difunda o ceda a terceros imágenes, sonidos o grabaciones con contenido lesivo, que denigre o humille a una persona con o sin su consentimiento, las cuales pueden o no contener texto…” (Gaceta Parlamentaria del Estado, pág. 26).

Originalmente, la ley decía que la pena se aplicaría a quien compartiera imágenes con contenido sexual. Sin embargo, en la modificación del artículo se omite ese punto, lo que nos indica que prácticamente todo aquel que lance al ciberespacio una imagen o meme que ofenda a otra persona podría hacerse acreedor a esta pena, por lo menos en el estado de San Luis Potosí.

Un par de horas más tarde, la legisladora dijo que desistiría de la modificación del artículo en ese apartado y sólo endurecería las penas para quienes difundan imágenes de carácter sexual, tratando de crear los antecedentes para una ley que proteja a los menores del bullying y los depredadores sexuales.

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Incluso, a través de sus redes sociales la legisladora opinó que no tenía nada en contra de memes, y reconoció que son parte del espectro político y la opinión pública, y los respetaba.

La forma genérica en la que el proyecto de ley castigaba la difusión de prácticamente cualquier tipo de imagen, más que defender a los menores de acoso abría la puerta para prohibir la circulación de memes en la red.

De entrada, la mayor parte del acoso que puede sufrir un menor viene de otros menores y, por tanto, la ley quedaría imposibilitada para aplicarse. Por otra parte, bastaría con que un servidor público se quejara de que su imagen es utilizada en las redes sociales con fines denostativos para encarcelar a quien sea. Y eso es, a todas luces, censura.

A la clase política jamás le ha gustado la web. El asunto es que, aunque no nos guste, internet y sus contenidos deben ser libres. La posibilidad de prohibir cualquier acción en la red abre la posibilidad de censurar lo que sea. La red está llena de contenidos, malos o buenos, según quiera verse; tratar de limitar su libre flujo, bajo cualquier pretexto, es poner en entredicho la libertad de expresión a que tienen derecho cualquier persona o medio.

La importancia de los memes en la sociedad contemporánea es fundamental. Son una especie de sustitución de las caricaturas políticas que señalan y critican el comportamiento de los personajes públicos, aunque no precisamente con la mayor profundidad u objetividad, como explica Delia Rodríguez en su libro Memecracia (Planeta, 2013): las ideas que más se discuten no siempre son las mejores o las mejor cimentadas, son las que pueden llamar más atención.

Aun así, los memes son necesarios en una sociedad que ha encontrado en la red una forma de expresarse y decir con cierta libertad lo que piensa, aun cuando pueda herir la susceptibilidad de grupos en el poder.

 

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