Diversos países en el mundo, prohíben la propaganda gubernamental tanto pagada como no pagada, más que en momentos o casos donde se requiere que los gobiernos den anuncios a su población debido a desastres naturales u otras condiciones que ameriten dicha propaganda. Pero en general, no es común ver anuncios publicitando lo que un ayuntamiento o integrante de alguna legislatura, o de algún poder nacional, local, etc. hicieron como parte de su trabajo cotidiano. En general se asume que los gobiernos hacen lo que les corresponde hacer, por lo que gastar en publicidad no se justifica. 

En México, los gobiernos de todos los órdenes sienten la necesidad de publicitar sus actividades por nimias que sean, con el objeto de mantener su legitimidad y aceptación o, por lo menos, posibilidades de asumir una nueva candidatura en el futuro. El dispendio en publicidad y propaganda ha crecido sustancialmente en los últimos años, duplicando incluso los montos autorizados, pero sin ningún castigo que se haya conocido por eso. 

La administración del presidente López Obrador ha cambiado las formas en que se comunica desde la administración del ejecutivo federal a la sociedad, pero no solo no ha reducido el gasto, sino que ha incrementado el número de horas de exposición mediática en comparación con lo que ocurría hace unos meses y en otros sexenios, incluso en condiciones de emergencia como la actual. 

Desde hace algunos días, a la conferencia de prensa mañanera, con cuyo formato el presidente ya se encariñó y no quiere cambiarlo ante la crisis sanitaria, se han sumado tres conferencias más. Una, que podría decirse es relevante por la situación, que es la que lidera el subsecretario López-Gatell, además de dos más, una sobre temas de trabajo y otra sobre temas de bienestar. En realidad, son varias horas de exposición, donde el objeto fundamental es determinar la agenda mediática y enviar mensajes que configuran más que posiciones de la administración sobre diversos temas, pues muchos de ellos muestran el desarrollo de líneas propagandísticas, más allá de la simple publicidad de acciones de gobierno.

Históricamente, se ha visto que la propaganda que desarrollan los gobiernos, cuando lo hacen, es nociva para el desarrollo de las libertades democráticas, pues busca reivindicar aspectos que inhiben la condición demócrata. Por ejemplo, al ceñir lo aceptable a un conjunto de condiciones definidas por ideas ambiguas, pero no por acciones concretas, permiten entonces replantear condiciones como “ustedes y nosotros”, o hacer énfasis en las tradiciones, u obsesionarse por los enemigos, adversarios; rechazar la innovación como una posibilidad y recurrir a frases simples pero pegajosas o chuscas con lo que baja le nivel de interlocución, entre otras cosas. 

Sin embargo, cualquier gobernante tendría derecho, bajo una condición democrática, a todo lo anterior, el peligro es cuando se busca adoctrinar a grupos sociales, a quienes se les da un incentivo de refuerzo con dinero, para poder generar entonces vínculos de lealtad que son útiles ante cualquier escenario. 

En México hemos vivido desde hace algunos años, no únicamente desde esta administración, un deterioro en las libertades, particularmente en la de expresión, que han repercutido en la calidad democrática. El periodismo es uno de los aspectos fundamentales que la república contemporánea tiene para salvaguardar los derechos y libertades contra la opresión del poder. Cuando la calidad del periodismo disminuye y los gobiernos desarrollan mecanismos para reprimirlo, directa o indirectamente, el resultado nunca puede abonar a la consolidación democrática. Que el presidente sustituya a las y los periodistas con sus espacios de información de manera acrítica, implica el asalto a los espacios de libertad democrática más relevantes, así como la reducción de la crítica a una dicotomía de buenos y malos que es funcional al poder, pero no al beneficio de quienes lo detentan de manera original que es la ciudadanía.

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LinkedIn: Gustavo Lopez Montiel

Twitter: @aglopezm

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