La crisis económica, social y política de Nicaragua que inició el 18 de abril ha generado pérdidas al país por 1,180.6 millones de dólares (mdd) y 199 personas que fallecieron durante los altercados, según datos recabados por el gobierno.

Este saldo solo es reconocido oficialmente por el gobierno ya que otras instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que existen 317 muertos hasta el mes de agosto y Organizaciones humanitarias locales y extranjeras indican que totalizan en 512, incluyendo policías, paramilitares, periodistas, niños y extranjeros.

Los sectores que han sido más afectados son: transporte con 525 mdd, la actividad turística con 231 mdd, el gasto público en 219.2 mdd por falta de pagos tributarios y diversas obras públicas se han deteriorado por las protestas, estos daños ascienden a 205.4 mdd.

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Se han perdido 119,567 empleos a lo largo de 5 meses, y según el informe, 23 policías han perecido en las movilizaciones y 401 has sido heridos.

La administración de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua acusa al “terrorismo golpista”, de ocasionar los destrozos, los fallecidos y la violencia desatada en la nación centroamericana y asegura que los policías y paramilitares no han sido partícipes en alguno de los decesos.

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Hasta el momento, existen 300 “presos políticos”, y esta cifra podría llegar a mil, si las personas que aun permanecen desaparecidas se encuentran en la cárcel.

La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, han acusado a Ortega por violar los derechos humanos de su pueblo, las cuales incluyen más de 300 muertos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, falta de atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual.

El Banco Central de Nicaragua (BCN) reportaba de 4.5% a 5% de crecimiento económico en 2018 antes de la crisis del país, pero con los acontecimientos y la violencia bajó a 1% la perspectiva

Las diferentes movilizaciones en Nicaragua comenzaron por nuevas reformas al seguro social y que fueron canceladas debido a los sucesos que exigen un nuevo cambio de gobierno, ya que Daniel Ortega ha sido electos durante 11 años.

 

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