El organismo ha financiado a gobiernos y compañías acusadas de violaciones a los derechos humanos, incluyendo violaciones sexuales, asesinato y tortura, lo que ha propiciado que las personas abandonen sus hogares y lugares de trabajo, según una investigación del International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Reuters

 

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Más de tres millones de las personas más pobres del mundo se han visto obligadas a dejar sus hogares, tierra y trabajo en la última década debido a proyectos financiados por el Banco Mundial (BM), mostró una investigación, y el prestamista global prometió revisar sus políticas.

El Banco Mundial, que pretende eliminar la pobreza extrema, ha violado reiteradamente sus propias políticas de proteger a pueblos indígenas, con consecuencias devastadoras para algunas de “las personas más vulnerables” del mundo, según el reporte.

La investigación fue encabezada por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), que analizó miles de registros del BM y realizó entrevistas en 14 países, entre ellos Albania, Brasil, Etiopía, India y Sudán del Sur.

El banco admitió el mes pasado que no tenía idea cuántas personas podrían haber sido obligadas a abandonar sus tierras y dejar sus trabajos por los proyectos del organismo en países en desarrollo, y si esas personas recibieron una compensación justa y a tiempo.

El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, dijo en ese momento que existían grandes problemas con las políticas de reubicación del organismo, y lanzó un plan de acción para abordar las deficiencias que incluía mejorar la evaluación de riesgo, la capacitación de personal y la responsabilidad.

“Estamos ahora revisando nuestras políticas de salvaguardas y estoy determinado a que aprendamos del pasado y a hacer todo lo que esté en nuestro poder para proteger a las personas y al medio ambiente”, dijo Kim en una conferencia de prensa.

El ICIJ publicó su reporte en momentos en que el banco, con sede en Washington, intenta aumentar las inversiones en proyectos de infraestructura que con frecuencia obligan a la reubicación de personas, como represas y autopistas.

El BM y su brazo de préstamos al sector privado, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés), se comprometieron a prestar 455,000 millones de dólares para casi 7,200 proyectos en países en desarrollo entre 2004 y 2013, halló la investigación.

Más de 400 de esos proyectos desplazaron a personas y otros 550 también habrían causado desplazamientos, muestran cifras del ICIJ.

La proporción de proyectos del BM vinculados a reubicaciones aumentó a 29% del total en 2009 desde el 8% en 1993, según una revisión interna publicada por el banco el mes pasado.

 

Desalojos masivos

El BM y la IFC también han financiado a gobiernos y compañías acusadas de violaciones a los derechos humanos, incluyendo violaciones sexuales, asesinato y tortura, según la investigación del ICIJ.

En algunos casos, los prestamistas han continuado financiando a estos prestatarios después de que surgiera evidencia de abusos, dijo el ICIJ.

En Etiopía, el Gobierno desvió millones de dólares de un proyecto de educación y salud respaldado por el BM para financiar una violenta campaña de desalojos masivos, dijeron al ICIJ ex funcionarios que llevaron a cabo el programa de reasentamiento forzado.

El BM niega que su dinero haya ayudado a los desalojos y ha continuado enviando cientos de millones de dólares al programa, pese a las protestas de refugiados indígenas Anuak y grupos de derechos humanos, halló la investigación.

Junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el BM realizará su reunión anual de primavera el viernes, en la que se debatirán nuevas políticas de reasentamiento y salvaguardas.

Sin embargo, actuales y ex funcionarios del BM advirtieron que las revisiones propuestas socavarán aún más los compromisos del banco de proteger a pueblos indígenas, según el ICIJ.

El último borrador de política del banco, divulgado en julio del año pasado, dará a los gobiernos más margen para esquivar los estándares del organismo y tomar decisiones sobre si las poblaciones locales necesitan protección, dijeron.

“Me entristece ver que logros pioneros de política del banco son desmantelados y reducidos”, dijo el ex funcionario del BM Michael Cernea citado por el ICIJ. “Los más pobres y los más indefensos pagarán el precio”, agregó.

 

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