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Con una deuda de 73,000 millones de dólares, la pequeña isla caribeña naufraga con el fantasma de la recesión y la amenaza del incumplimiento de sus pagos de deuda a Estados Unidos, lo que la llevaría a una crisis política y social, ya que la economía no es capaz de generar suficientes ingresos para repagar sus obligaciones asumidas.

 

La actual situación económica de Puerto Rico no es similar a la de Grecia; es peor. A diferencia de la economía helena, cuya deuda equivale a 168% de su Producto Interno Bruto (PIB), la isla caribeña no cuenta con una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ni es parte de una comunidad política como la Unión Europea, que puede brindar préstamos puente para que la economía se mantenga a flote.

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Puerto Rico está sin salida. Una declaratoria de bancarrota, como la que experimentó la ciudad de Detroit en 2013, no es una opción. Aunque la isla es un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, legalmente no puede declararse en quiebra, pues bajo la normatividad estadounidense, la ley de quiebra de Puerto Rico es inconstitucional.

La deuda del territorio no sólo ha generado un estancamiento económico. El pago que debe realizar es tan grande que los mercados financieros no le permiten el acceso, por lo que la economía no puede generar los ingresos suficientes para repagar sus obligaciones asumidas.

Puerto Rico atraviesa su peor crisis financiera: carga con una deuda que asciende a 73,000 millones de dólares (mdd) y un déficit presupuestario de 705 a 740 millones de dólares.

En 1992, la deuda de la isla era de 13,822 mdd, cifra que representaba 53% del PIB. Hoy, Puerto Rico tiene una deuda equivalente a 102% de su PIB, que sería como pagar poco más de cuatro veces la deuda de Detroit, la mayor bancarrota municipal registrada en la historia de Estados Unidos.

En promedio, cada ciudadano de la isla debe 19,000 dólares. Si en 10 años el monto actual no se paga, a cada puertorriqueño le corresponderían 40,000 dólares de deuda, reveló Alejandro García Padilla, gobernador de Puerto Rico, durante un mensaje difundido a finales de junio.

“Muchos puertorriqueños han muerto en las guerras de Estados Unidos. Somos ciudadanos norteamericanos, tenemos derechos. Estados Unidos ha preferido ayudar a otros países, y a nosotros nos ha dejado abandonados”, sentencia en entrevista con Forbes México Alberto Bacó Bagué, ministro de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico.

 

“Estamos solos”

La crisis de Puerto Rico no se gestó de la noche a la mañana. Durante casi 20 años, la razón a la más se atribuye su estancamiento económico ha sido la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas, la cual daba incentivos fiscales a empresas manufactureras estadounidenses que invertían y operaban en Puerto Rico.

En 1996, estos incentivos fueron eliminados gradualmente, lo que derivó en el cierre masivo de centros de manufactura en la isla, con lo que aumentó el desempleo.  En la actualidad, su tasa de desocupación es de 12.6%.

El desmantelamiento de la 936 contribuyó a la crisis en un porcentaje, pero no en todo. “Es habitual citar la pérdida de los incentivos tributarios como el pecado original detrás de los tiempos duros de Puerto Rico. La pérdida (de la 936) indudablemente vació la base de la manufactura, pero no fue la única sacudida”, dice la economista Anne Krueger, ex directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en un reporte realizado en conjunto con otros dos especialistas contratados por el gobierno de Puerto Rico para buscar soluciones a la crisis económica.

Una de las principales problemáticas señaladas en el Informe Krueger es el desempleo, que se ha agravado debido a los diversos beneficios gubernamentales para personas desocupadas o elegibles de ayuda en la isla.

Las ayudas financieras y subsidios a servicios, como el agua y la electricidad, han contribuido a que sólo 40% de los puertorriqueños trabajen, lo que ha reducido su competitividad en el mercado.

El éxodo masivo de puertorriqueños hacia Estados Unidos es otro de los factores que ha deteriorado la economía de la isla.

Su población comenzó a disminuir en 2006, y el fenómeno ha aumentado con el paso de los años. Hasta 2014 eran 3.5 millones de personas en la isla, contra los cinco millones de puertorriqueños que en la actualidad viven en EU, de acuerdo con cifras del Gobierno del Estado Libre Asociado.

Krueger relaciona otros factores con la crisis: la caída en el precio de los inmuebles, la recesión en Estados Unidos y el alza en el precio de la gasolina entre 2005 y 2012.

El gobierno de EU no se ha planteado la posibilidad de “rescatar” a Puerto Rico. Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca, declaró en días pasados que “nadie en la administración Obama está pensando en esta posibilidad”, pues ni siquiera para la ciudad de Detroit hubo un “rescate” federal, luego que suspendiera sus pagos.

La inconformidad hacia EU por la falta de apoyo es un tema que persiste en la isla. “Estados Unidos no ha querido admitir parte de su responsabilidad. Ha mirado hacia Grecia y Cuba, y a nosotros nos ha dejado a nuestra suerte. No hay certeza de qué va a pasar. Estamos solos”, sentencia Rosario Rivera Negrón, presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico.

 

Sin salida del caos

El 29 de junio, Alejandro García Padilla, gobernador de Puerto Rico, dio una noticia que conmocionó a toda la isla: “La deuda es impagable”, aseguró con voz firme en un mensaje transmitido por televisión en todo el territorio puertorriqueño. “Escuchen esto bien claro: no se trata de política, se trata de matemáticas”, aseveró.

La deuda de Puerto Rico ha crecido 3,697 millones de dólares en la actual administración, según información del diario local El Nuevo Día.

El gobierno estatal no ha sido austero, pues la mitad de su presupuesto lo destina al pago de nóminas y 15% al pago de su deuda. El gobernador renunció a ajustar las cuentas de la isla, pues eso implicaría, entre otras medidas, un aumento a los impuestos sobre la vivienda y un recorte al salario mínimo, a los beneficios de salud para la clase baja y a los apoyos para la Universidad de Puerto Rico.

A pesar de la encrucijada a la que se enfrenta, el gobierno puertorriqueño tiene una postura inamovible sobre la reducción de beneficios: “No vamos a sacrificar la estabilidad de unos para pagar la deuda. No tenemos beneficio de quiebra, ni el beneficio de una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional como Grecia, pero no implementaremos medidas que afecten a los puertorriqueños”, asegura Bacó Bagué, quien antes de asumir el cargo como ministro se desempeñó como empresario durante 40 años.

Entre la larga lista de pagos que debe realizar la isla destacan 140 mdd que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) debe pagar a sus acreedores, el cual es parte de los 876 millones del servicio a la deuda de la institución para el año fiscal que recién comienza, y 160 mdd de la Corporación Financiera Pública a bonos respaldados por impuestos de ventas de servicios.

Esta compleja situación empeora debido a que los acreedores han advertido que no aceptarán voluntariamente ninguna modificación en sus reclamos.

Las firmas de inversión que cuenta con bonos del gobierno de Puerto Rico conformaron diversos grupos para defender sus intereses en el proceso de negociación. Incluso, la presión hacia el gobierno para el pago de la deuda con intereses ha comenzado a través de la contratación de bufetes de abogados, que serán los únicos ganadores en estas negociaciones, sentencia el diario inglés Financial Times.

“En este caos sólo saldrán ganando los abogados que cobrarán las cuotas de los litigios inevitables en los próximos años”, precisa la publicación.

Entre los fondos que poseen deuda de Puerto Rico destacan dos: OppenheimerFunds y Franklin Templeton.

 

Sin saber hacia dónde ir

Bacó Bagué asegura que el gobierno de Puerto Rico conformó un grupo de trabajo con el que espera que a finales de agosto se presente una solución a sus bonistas. El funcionario confía que con este plan se podrá llegar a un acuerdo con los tenedores de deuda para pedir un apoyo para la isla, lo que ayudaría a atraer de nueva cuenta las inversiones masivas.

“Confiamos en que la racionalidad reinará en estas negociaciones. Nuestro plan dará resultados, pero tendrá que ser con un proceso de negociación exitoso. No vamos a salir de esta crisis haciendo más pobre a nuestra sociedad. Vamos a salir aumentando el crecimiento económico y la riqueza de las personas, no a expensas de ellas”, asegura.

Para Rosario Rivera Negrón, el plan de rescate es más complejo. Su visión no es tan optimista como la del ministro, pues recuerda que la isla lleva casi una década en recesión, lo que complica su capacidad para generar impuestos y pagar a sus acreedores.

La catedrática de la Universidad de Puerto Rico es parte de la realidad que viven miles de jóvenes puertorriqueños todos los días.

“Yo veo reflejada la crisis a través de mis estudiantes: muchos de ellos tienen dos trabajos, pasan hambre, tienen necesidades, buscan empleo para no dejar de estudiar. Unos quisieran quedarse, pero otros han considerado abandonar la isla. No tienen la certeza de saber hacia dónde van, pero están abiertos a entender que estamos en el momento más crítico de nuestra historia.”

 

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