Representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado De las Naciones Unidas para Derechos Humanos (ONU-DH) analizaron y han presentado sus consideraciones respecto a la iniciativa de reforma para crear la Guardia Nacional, impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Tanto en la elaboración del dictamen como en las audiencias públicas para el análisis, organizadas en la Cámara de Diputados, integrantes de este organismo han señalado que la iniciativa es inadecuada para combatir la crisis de inseguridad en el país y no responde a parámetros convencionales que apuntan a que la seguridad ciudadana deben de estar generalmente reservado a los cuerpos policiales civiles.

En un documento entregado el pasado 19 de diciembre la ONU-DH señala que la iniciativa no presenta una regulación década al fuero militar.

“Múltiples órganos y mecanismos internacionales han sostenido que la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares”, apunta el organismo.

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La iniciativa propone modificaciones al artículo 21 constitucional para establecer que la Guardia Nacional tendrá competencia para investigar delitos del orden federal, bajo la conducción jurídica del Ministerio Público Federal.

En ese sentido la ONU-DH advierte que esta consideración conlleva una clara violación al derecho al debido proceso de las personas vinculadas con delitos, vulneración al derecho a la libertad personal y se podría comprometer el derecho a la integridad de dichas personas.

El análisis también advierte que en la iniciativa establece que la Guardia Nacional se mantendrá “en tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país” y se revisaría en en tres años a partir de la implementación de la reforma, revisión que estará a cargo del Ejecutivo Federal en coordinación con el Poder Legislativo.

Sin embargo, esto representa un esquema de revisión débil toda vez que no cuenta con un contrapeso a través del cual pueda evaluarse de manera objetiva la situación de inseguridad en el país y la actuación de la Guardia Nacional.

Otra consideración es que la propuesta podría dar pie a que se entendiera que las faltas y delitos de los integrantes de las Fuerzas Armadas que no integren la Guardia Nacional y que no estén estrictamente ligados a bienes jurídicos de naturaleza militar serán conocidos por la jurisdicción militar.

La iniciativa que forma parte del esquema del gobierno federal para contener la crisis de inseguridad en el país será revisada y votada el próximo 16 y 17 de enero en período extraordinario.

 

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