Es inescapable hablar de la pandemia, que se agrega sin tregua como una nueva capa de complejidad sobre nuestra realidad, y que nos demanda creatividad, adaptabilidad y una visión de largo alcance. No se trata sólo de aspirar a transitar por esta contingencia y dejarla atrás -lo que nos tomará más tiempo de lo que muchas[1] se resisten a aceptar-, sino que el verdadero reto es hacerlo sin que signifique un gran bache en el camino con costos de largo plazo en términos de pobreza, desigualdad y justicia.
Desde hace años, el gran desafío en el campo de las telecomunicaciones ha sido cerrar la brecha digital, ese abismo que se abre entre las conectadas y las desconectadas. Al día de hoy, abatir esa desigualdad es una urgencia en términos de justicia, puesto que el acceso a internet no es solamente un derecho por sí mismo, sino un habilitador de otros derechos humanos.
El combate a la pandemia se ha apoyado en el distanciamiento físico, lo que apela a la digitalización de todas nuestras actividades, tanto laborales como sociales, educativas, familiares y comunitarias. Sin embargo, esta posibilidad está abierta únicamente a quienes forman parte del mundo del internet. Las desconectadas no sólo están excluidas de estos beneficios, sino que dentro de la contingencia de salud que vivimos, se ven obligadas por su circunstancia de exclusión digital, a exponerse a mayores riesgos de contagio al Covid-19.
Nos movemos en un entorno de elevada incertidumbre pero, si algo sabemos, es que la crisis económica y sus secuelas nos anuncian que la brecha se ampliará. Ante esta amenaza, los países más conectados del mundo están configurando estrategias ambiciosas de inclusión digital, yendo más allá del enfoque minimalista que se detiene en la cobertura de los servicios, para asegurar su asequibilidad mediante apoyos financieros directos a las familias y las empresas, alfabetización digital, extensos planes de gobierno digital, fortalecimiento de las PYMES, e impulso a desarrollos tecnológicos que prometen facilitar nuestras vidas, como la inteligencia artificial, el internet de las cosas y el ecosistema 5G.
En México, durante el segundo trimestre de 2020 hubo una disminución preocupante en el número de líneas móviles. Probablemente ésta se deba al incremento en el desempleo, la consecuente disminución de ingresos de las familias y la difícil situación por la que atraviesan muchos negocios. Por otro lado, también han aumentado los accesos fijos de internet, por lo que pudiera haber en parte una sustitución de servicios móviles por fijos en el caso de quienes han podido reducir su movilidad y transitar al trabajo remoto. No obstante, el efecto neto es negativo.
A esto se suman algunas acciones gubernamentales que implican desconexiones digitales, como la eliminación de computadoras en oficinas públicas y la liquidación del fideicomiso e-México que financiaba los Centros de Inclusión Digital.
Ante este panorama, nuestros retos se han transformado. Ya no se trata sólo de conectar a las desconectadas, sino de no desconectar a las conectadas. “No dejar a nadie atrás” significaba antes subir a más personas al tren. Ahora, tenemos que seguir subiéndolas y además vigilar que nadie se baje.
En nuestro país tenemos una cultura de liderazgo muy tradicional: territorial, vertical, unipersonal, unidireccional. El temor a invadir territorios y a ofender jerarquías ha llevado al inmovilismo o, en el mejor de los casos, a la acción desarticulada. Pero la suma de acciones independientes no es una estrategia. La falta de colaboración entre las instituciones impide generar sinergias, actuar en sincronía u oportunamente. Incluso, hemos visto iniciativas que aisladamente hubieran podido tener algún mérito, pero que en los hechos se han contrapuesto a otras, con lo cual hemos desperdiciado recursos y tiempo.
Asimismo, permea la amenaza sobre la permanencia, gobernanza, estabilidad y facultades de las reguladoras autónomas, particularmente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con lo que se deteriora el entramado de elementos institucionales con los que contamos para abordar la digitalización y el cierre de las brechas.
El proceso de construcción institucional de las reguladoras es largo. En ese camino no debemos regresar lo andado ni obviar lo aprendido. Contamos con una autoridad reguladora y de competencia independiente y especializada; tribunales especializados también; un marco jurídico que contempla la convergencia digital y el cambio tecnológico; así como funciones reguladoras y ejecutivas adecuadamente separadas para evitar conflictos en los mandatos.
En el país existe la capacidad técnica, la experiencia, el entendimiento de los retos coyunturales y los de largo plazo.
El nuevo juego es colaborativo y horizontal. Activo y no pasivo. Exige la cooperación entre las instituciones y al interior de ellas. No distraigamos recursos ni atención en tensiones coyunturales. Este es el momento de convocar, unirse, tender puentes y construir.
[1] Uso intencionalmente el plural femenino en contraste con el masculino, cuando nombro a personas, para hacer notar que el lenguaje no es neutro y que llama a incluir o excluir, además de reforzar estereotipos.
Contacto:
* Economista especialista en competencia, regulación, ecosistema digital y género. Socia directora de AEQUUM. Presidenta de la red de mujeres CONECTADAS y excomisionada del IFT.
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