En este país donde más del 90% de los delitos quedan impunes, nuestras autoridades tienen una enorme deuda con la sociedad. Y aunque por desgracia, el sistema de justicia en México está lejos de ser lo que quisiéramos, sí toca a los tres Poderes de la Unión; el ejecutivo, el legislativo y el judicial, remendar el daño que han hecho por décadas.
Es así, que nuestras cárceles están llenas de personas pobres e inocentes y en nuestras casas encontramos víctimas; en ambos casos siguen exigiendo justicia. Por ende, tenemos un país que adolece por un sistema que castiga la pobreza al grado de negar justicia y fabricar culpables.
Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado
Pero ¿eso afectará a nuestros políticos? La verdad es que lejos de buscar soluciones a largo plazo, de romper los ciclos de pobreza, de generar un sistema que brinde paz a las víctimas y opciones de reinserción a las personas victimarias, pues no sería una mentira afirmar que lo único que realmente han buscado son el número de votos a través de falsas propuestas, como lo es la presunta prisión preventiva oficiosa.
En pocas palabras, utilizan el populismo penal para conseguir votantes aún sabiendo que estas medidas no inhiben la comisión de delitos y, por lo tanto, no logran justicia ni paz.
Así que, valdría la pena que citemos lo que se encuentra en el artículo 19 constitucional, al respecto de la prisión preventiva oficiosa, la cual dice:
“El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.”
¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información
La instrucción es directa, en el caso de estos delitos citados, el juez no tiene la facultad, como en otros casos, de analizar el caso concreto y definir qué medida cautelar o preventiva puede imponer, con el objetivo que quien se encuentra en una investigación o proceso penal cumpla con dicho proceso y no ponga en riesgo la investigación y a la o las víctimas. En síntesis, que se pueda asegurar que se lleve a cabo el juicio.
Para tomar la decisión de la medida cautelar el juez se apoya en la Unidad de Medidas Cautelares, quienes realizan la Evaluación de Riesgos Procesales. Para los casos en que el juez opta por la medida de prisión preventiva, se le considera justificada dado que se realizó un estudio de los hechos y los riesgos que conlleva que la persona lleve su proceso en libertad. Esto da certeza jurídica a todas las partes y mantiene la autonomía y el criterio jurisdiccional.
No obstante, ¿qué tiene de trasfondo la prisión preventiva oficiosa? Esta es una figura que viola los derechos humanos del imputado, siendo la cárcel un espacio que destruye a las personas que están privadas de la libertad y sus familias. En ese sentido, sería la privación una de las últimas medidas que se debería aplicar, inclusive solo para las situaciones donde se requiera salvaguardar a las víctimas y el proceso.
Además, esta situación se pone peor tomando en cuenta que los procesos en nuestro país suelen ser muy largos; razón por la cual una persona inocente podría pasar años en prisión, en tanto se resuelve su situación jurídica.
Para señalar esto, los resultados en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL, 2021) nos ayudan a visualizar la magnitud del problema, dado que resultó ser el 23.9% del total de las personas privadas de la libertad, quienes estuvieron más de dos años en prisión antes de que se les dictara sentencia.
También, este estudio arrojó que a nivel nacional el 26.9% de los hombres privados de la libertad no cuentan con sentencia, y en el caso de las mujeres bajo la misma situación es de un 46.3%. Por supuesto, como se ha visto siempre, las mujeres siguen siendo más vulnerables. Pues en casi la mitad de la población de mujeres encarceladas no se ha demostrado su culpabilidad.
Entonces, retomando las consecuencias de optar por la prisión preventiva oficiosa, cabe señalar que esto también afecta al sistema de investigación. Dado que para policías y Ministerios Públicos es mucho más fácil acusar a la persona de alguno de los delitos del catálogo y poder realizar el proceso mientras está detenida, sin importar el daño que esto genera a la sociedad.
Por ende, existe un constante abuso en la figura de la prisión preventiva justificada u oficiosa, pues es terrible que hoy en día hay cientos de personas que han perdido su libertad a causa de esto. Son historias desgarradoras de padres, madres, hijos, hijas y hermanas que llevan años en la cárcel, sin siquiera demostrarse culpables, dejando de existir.
Pero afortunadamente hay una luz al final del túnel. En días pasados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó el amparo en revisión 315/2021 en el cual se permite revocar la prisión preventiva al excederse el límite constitucional de 2 años. En conclusión, las personas que llevan más de ese tiempo sin que se les haya dictado sentencia y la demora no se deba al ejercicio de su defensa, podrán llevar su proceso en libertad.
Aunque, esto no significa que esa libertad se dé en automático. Si hay un abuso a esta figura esto debería generar que tanto autoridades de investigación como judiciales lleven a cabo procesos mucho más expeditos. Al final, los casos se tendrán que revisar y el juez decidirá si es necesaria una nueva medida cautelar. Este es un gran paso para la defensa de los derechos humanos de las personas sujetas a proceso.
En fin, si queremos evolucionar como sociedad debemos buscar justicia y no venganza. Llenar las cárceles de inocentes no nos acerca a la verdad, al contrario nos aleja brutalmente de la paz. Tenemos que presionar a las autoridades para construir un sistema de justicia que sirva a las víctimas y reintegre a las personas victimarias, solo así lograremos un México seguro.
Contacto:
Jimena Cándano, actualmente es la Directora Ejecutiva de la Fundación Reintegra.*
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
