Por Santiago F. Arroyo S.*

En el año de 2013, se dio uno de los cismas legislativos que no ha dejado de estar en boca de todos por la enorme controversia y múltiples discusiones que plantea: la Reforma Energética.

Para poder entrar de lleno a este artículo que ahora nos disponemos a leer, es conveniente entender de que se trata la famosa Reforma Energética, que en los hechos, plantea la modificación de los artículos 24, 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dar la posibilidad de que cualquier persona (ya sea un ciudadano común o una empresa nacional o extranjera), tuviera acceso a los diversos mercados energéticos del país, siempre y cuando se respetara la inalienable propiedad del Estado mexicano sobre el petróleo y algunas actividades del sector eléctrico, como la distribución y transmisión o la generación por medio de fuentes nucleares.

Desprendiéndose de dichas modificaciones constitucionales un poderoso andamiaje jurídico centrado en la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Transición Energética, la Ley Federal de Competencia Económica; acompañadas de la generación de una serie de novedosos organismos y dotando facultades a otros ya existentes, tales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para regular las actividades de petrolíferos, gas y electricidad, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para vigilar la actividad de exploración y producción petrolera, la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) para verificar el cuidado a procesos industriales y el medio ambiente, y finalmente, el gran árbitro constitucional de la regulación de mercado, la Comisión Federal de Competencia Económica; todas estos organismos dotados en su origen de autonomía financiera y de gestión, para así, dotar de esa ansiada inocuidad de los procesos regulatorios.

Esta novedosa estructura de la administración pública, obedece a un necesario cambio en la visión de Estado, y no solo a eso, sino también a las exigencias del un entorno global dentro del cual para 2013, México ya figuraba entre las primeras 20 economías mundiales; pero más allá de eso, atendía a la necesidad del Estado mexicano de desprenderse de pesadas cargas financieras para las cuales ya no estaba diseñado, aunado a que este nuevo modelo de gestión de un sector toral en la economía mexicana le abría al gobierno un crisol de oportunidades para recaudar ingresos “limpios” de la renta petrolera, sin que implicara gasto público, así como una enorme carga tributaria que le daba el acceso a ingresos nuevos y frescos, provenientes de toda la iniciativa privada que deseara operar dentro de los nuevos mercados.

Vaya se trata de un esquema diseñado para eficientar recursos, obtener mejores rendimientos, proveer crecimiento y desarrollo económico, así como una visión social de generación de empleos y fomento al cuidado del medio ambiente. Esa es la realidad de este complejo andamiaje jurídico y administrativo que trajo consigo la Reforma Energética.

No obstante, no todo es miel sobre hojuelas, el Estado mexicano tuvo que generar a la par de todo lo anterior, un esquema sumamente complejo de transparencia y rendición de cuentas, lo que abrió la caja de pandora en términos de escándalos políticos de corrupción dentro de las ahora empresas productivas del Estado; asimismo, el gobierno mexicano debió colocar a sus poderosas empresas Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, a la par del resto de los competidores y nuevos actores del sector; todo lo anterior, como exigencias tanto locales como internacionales para conceder un mercado dentro de parámetros de competencia económica eficiente y no discriminatoria, es decir, el famoso “piso parejo”. Siendo estos puntos, unos de tantos que han generado diversas controversias que siguen minando el sinuoso paso histórico de la Reforma.

Al día de hoy, los resultados de la Reforma Energética son tangibles y han constituido ya una constante en la vida de millones de mexicanos; desde estar acostumbrados a los reportes trimestrales de producción petrolera, reportes financieros de las empresas productivas del Estado, hasta estar al pendiente de nuestros recibos de energía eléctrica, alternar el consumo eléctrico comercial o residencial hacia los famosos “paneles solares, revisar diario los precios de combustibles, o incluso, elegir entre marcas distintas de gasolineras atendiendo al famoso “litro de litro” o “mejor rendimiento”; en fin, los resultados positivos han sido tangibles, medibles y exigibles por cada una de las personas que habitan en el país y usan cualquier clase de producto o servicio derivado del mercado energético.

No sólo fortaleciendo económicamente al Estado, aunque fuera por un corto periodo de tiempo hasta la llegada de la administración del presidente Andrés López; sino también dotando a la ciudadanía de un contundente poder y derechos de consumidor que otorga la libertad de elegir qué consumir y cómo hacerlo, sin pasar por alto el hecho de que también pueden exigir, pero bueno, eso ya es otra historia que comentaremos en otro espacio.

Con independencia de las actuales políticas públicas en materia energética esgrimidas por el Gobierno de México, así como las acciones regulatorias ejercidas por éste dentro de la industria y que ahora se encuentran en debate judicial, existe una tendencia sumamente interesante y que es consecuencia natural del ejercicio del marco legal vigente en la materia: Federalismo Energético.

Pero ¿Qué es este Federalismo Energético?

Entre 2007 y 2008, con el advenimiento de los primeros cambios en materia energética que se dan en el país, específicamente en el mercado eléctrico, la industria del gas LP y el gas natural; comienzan a formarse diversas dependencias en algunos gobiernos estatales con la finalidad de fomentar el desarrollo económico con proyectos de inversión en energías renovables y eficiencia energética.

Sin embargo, no es hasta el 2015, ya en plena vigencia de la Reforma Energética, que algunas de estas dependencias estatales de energía comienzan a tomar una configuración más compleja dentro de la Administración Pública local, tomando atribuciones igual de complejas que van de la mano con la amplia expansión de la industria, abarcando segmentos del sector que anteriormente no podían siquiera imaginarse que las ocuparían: Exploración y Producción de petróleo, mercado de petrolíferos (almacenamiento, retail, transporte, etc), generación distribuida, abasto aislado, cogeneración, entre otras; a esto se le sumó una participación más dinámica y profunda en aspectos de medio ambiente, impacto y concertación social, financiamiento de proyectos y más. Comenzando así una necesidad más marcada en definir la participación de los estados en los procesos que conlleva la atracción, desarrollo y coadyuvancia en proyectos energéticos para dotar de fortaleza financiera a sus entidades, obedeciendo a las necesidades sociales de generación de empleos y aumentar el nivel de desarrollo humano que han llevado a Estados como Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Yucatán, Sonora, Puebla, Durango, Hidalgo y otros, a ocupa convertirse en punteros dentro de estos rubros.

Es decir, comenzó a observarse una dinámica de “federalización energética” en el país, siendo esto el parteaguas para la generación de organismos de la administración pública local con un alto grado de desarrollo, con facultades aún más marcadas y definidas, al grado incluso de convertirse en órganos de armonización regulatoria con una naturaleza autónoma y descentralizada del Poder Ejecutivo de sus Estados, en conjunto con la creación de legislación local para legitimar sus funciones. Como ejemplo de ello, tenemos a las Agencias o Comisiones Estatales de Puebla, Yucatán, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Hidalgo, como claros casos de éxito en su labor de promoción y desarrollo de toda clase de proyectos energéticos, así como el fomento a la mejora regulatoria en la materia.

De esta forma, arribamos a que el “Federalismo Energético” se trata de la evolución de la Reforma Energética hacia las diferentes regiones del país en torno a una coadyuvancia al Poder Federal para incidir en áreas que son difícilmente atendidas por éste; y quién mejor para conocer las necesidades sociales, económicas, así como las fortalezas y oportunidades que ofrecen sus territorios para el correcto impulso de proyectos energéticos armoniosos con el medio ambiente, el respeto a las comunidades, la tenencia de la tierra, infraestructura de comunicaciones y, por supuesto, los recursos naturales que pueden ser explotados de forma sustentable en favor de la población, que los propios Estados de la República. Siendo que todas estas particularidades son difícilmente abarcadas a cabalidad por las autoridades federales, así como por los órganos reguladores en materia energética, siendo sumamente imperativo que el Gobierno Federal reconozca estas limitaciones que se suman a las que ya se enfrentan hoy día en materia presupuestaria y de recursos humanos, con la finalidad que ya se ha dicho, y que entraña el fomento económico del país y un desarrollo humano integral de sus habitantes.

Ante ello y llegando a este punto de la lectura, podemos arribar a la pregunta obligada: ¿Cómo lograr este reconocimiento o legitimación del “Federalismo Energético” del país?; pues en sí, nos enfrentamos a un panorama sumamente complejo, pero que no resulta imposible de lograr. Ante la coyuntura y retos que nos impone la actual Administración Pública Federal, así como sus intentos de recuperar el monopolio del sector energético nacional, cobra gran importancia el papel que pueden jugar tanto los gobiernos estatales, municipales, legislaturas locales, cámaras y asociaciones empresariales del sector para continuar con la construcción de andamiajes legales y administrativos locales que permitan una participación conjunta entre estos diversos actores, fungiendo como una especie de “cabilderos” y así, impulsar ya a nivel federal ante la Cámara de Diputados y Senadores, las iniciativas de reformas al marco jurídico federal vigente, que con la debida motivación con los resultados de esta conjunción de la industria, sociedad y gobiernos locales, se logre dotar a los Estados de mayores facultades dentro del sector.

No obstante, si bien es cierto lo anterior se antoja más para un proceso en el mediano y largo plazo, las comisiones y agencias estatales de energía pueden fungir como vínculos entre los órganos reguladores federales en el sector y la iniciativa privada, así como las diversas secciones de la sociedad que se vean involucradas en el desarrollo en proyectos; aunado a esto, también pueden ser fuertes aliados para sus propios gobiernos locales en la captación y gestión de inversión directa. ¡Vaya!, las oportunidades y beneficios son infinitos.

De esta forma, es posible presentar una alternativa viable a la pretendida revisión o regresión que pretende el presidente Andrés López sobre el marco legal vigente en materia energética del país, una alternativa que obedezca a las verdaderas necesidades de la sociedad mexicana y no una alternativa que obedezca a las necesidades del presidente en turno, al fin al cabo, estos funcionarios van y vienen, pero los demás continuaremos en el día a día para mejorar nuestro entorno y el de las personas que nos rodean.

Las oportunidades, están ahí para ser tomadas; algunos han tomado cuenta de ello, pero faltan aún más, sobretodo Estados que cuentan con un gran potencial energético y también tienen enormes necesidades en dicho rubro, véase el bajío y las penínsulas. Fomentemos y promovamos este “Federalismo Energético” que nos llevará a una versión mejorada, más transparente y eficiente de la ya exitosa Reforma Energética.

Contacto:

Santiago F. Arroyo S., director general de la Consultora Ursus Energy.*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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