Sociedades offshore, empresas fantasmas y paraísos fiscales son términos que han dominado el debate público y acaparado la atención de los medios, luego de las revelaciones de la investigación internacional conocida como Paradise Papers.

Esta colaboración de un conglomerado de 96 medios de comunicación alrededor del mundo evidenció las cuentas en paraísos fiscales de políticos, jefes de estado, la elite empresarial, integrantes del mundo del entretenimiento y estrellas del deporte, resultado de una filtración de 13.4 millones de archivos que detallan las prácticas comunes de abusos fiscales o formas complejas en que las empresas protegen “legalmente” su riqueza.

Pero ¿qué es una cuenta off shore o una empresa fantasma y por qué estas prácticas podrían derivar en actividades delictivas?

Silvia Rosa Matus de la Cruz, integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México, explica que una sociedad offshore es una empresa que se registra en otro país en donde no realiza ninguna actividad económica con jurisdicciones en las que existen tasas muy bajas de impuestos.

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“Invertir en otros países tal vez no sea ilegal, pero una cosa es que no sea ilegal y otra que sea ético,en dónde está el tema de que los ingresos paguen impuestos que van a beneficiar a tu país, impuestos que se van a traducir en escuelas, hospitales e infraestructura”, detalla la especialista.

Malta, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, son algunos ejemplos de los territorios mencionados por los Paradise Papers por las ventajas fiscales que reciben las empresas o ciudadanos que establecen ahí sus fortunas.

Algo similar ocurre con las empresas fantasma, pero estás no tiene que estar establecidas en jurisdicciones cuyos sistemas tributarios favorecen a sus residentes.

“Son empresas que realmente no tienen una actividad económica real y sirven para otros fines y evasión fiscal. Por ejemplo, gente que se dedica a vender facturas, constituyen una empresa y dicen, yo me dedico a los servicios de asesoría de software, pero solo la constituyen con ese objeto social para darle a otra empresa una factura y poder hacerla deducible del pago de impuestos”, comenta Matus de la Cruz.

Contar con recursos en el extranjero y en específico en paraísos fiscales no constituye un delito, sin embargo, puede ser un indicio de actividades penadas por a ley como la evasión fiscal y el lavado de dinero.

“Si las autoridades investigan y establecen que los señalados pagaron impuestos y después invirtieron o guardan su dinero en estos territorios o que son recursos de procedencia lícita no pasa nada, pero antes se tiene que investigar a fondo si con estas estructuras no se busca evadir al fisco o son recursos que se generaron por narcotráfico, corrupción u otros delitos”, advierte la integrante del Colegio de Contadores Públicos de México.

Entre los mexicanos involucrados en la investigación elaborada por 96 medios de comunicación de distintos países, se encuentran Carlos Slim, señalado por fincar a través de una empresa offshore en la isla de Bermudas su emporio de telefonía móvil; Joaquín Gamboa Pascoe, ex líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), también fue señalado por ocultar en las Islas Caimán una herencia de 15.5 millones de dólares; así como contratos de renta de plataformas marinas por 16,000 millones de pesos (mdp) a dos empresas fantasma que asignó Pemex.

Entre las revelaciones más recientes se encuentran las de los futbolistas mexicanos y jugadores del club Porto, Héctor Herrera y Diego Reyes, que sostienen estructuras financieras en Malta que les han permitido pagar impuestos menores a 5%; y el líder de los legionarios de Cristo, Marcial Maciel, quien utilizo paraísos fiscales para gestionar las ganancias de su servicio educativo.

 

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