Por María Fernanda Ballesteros*

Si el tener más autoridades y reglas asegurara una mayor calidad de los servicios de salud, en México seríamos campeones en la materia. Sin embargo, el régimen que hoy existe para asegurar la calidad en la salud es poco efectivo en parte, debido a lo complejo y fragmentado de su estructura. Según un estudio de la OCDE sobre los servicios de salud en México (2016), uno de los principales problemas del sistema de salud nacional es que está conformado por un conjunto de subsistemas -cada uno con diferentes niveles de atención- que están dirigidos a diferentes grupos y que tienen precios y resultados distintos.

El régimen que regula de forma preventiva la infraestructura, el personal y, en general, la gestión del hospital cambia dependiendo de si se trata de un hospital privado o uno público o si, en el ámbito estatal, pertenece a la Secretaría de Salud o a alguna de las instituciones de seguridad social (como el IMSS o el ISSSTE). El único requisito que obliga por igual a todos los hospitales -al menos en los que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos y/o se utilicen fuentes de radiación- es la autorización sanitaria que emite Cofepris.

Las acreditaciones de la Dirección General de Calidad y Educación de la Secretaría de Salud son otros de los mecanismos preventivos dirigidos a controlar los servicios que se prestan, pero sólo aplican para los hospitales que reciben recursos por parte del Seguro Popular. El Consejo de Salubridad cuenta también con un proceso de certificación voluntario, al que instituciones públicas y privadas pueden inscribirse. Sin embargo, de acuerdo con información pública reciente, sólo existen 107 hospitales certificados (en su mayoría privados): 47 clínicas de atención primaria y consulta de especialidad, y 11 establecimientos de atención médica de hemodiálisis.

Además de las certificaciones y acreditaciones dirigidas a las instalaciones que prestan servicios médicos, existen mecanismos para supervisar al personal de salud. Por un lado, de forma preventiva, existe una certificación para médicos generales, por parte del Consejo Nacional de Certificación en Medicina General (Conamege), y otra para especialistas, por parte del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem). Por el otro, existe un proceso de conciliación ante casos de negligencia, el cual dirige la Conamed.

Por si fueran pocas estas instancias, en 2016, el presidente Peña Nieto presentó una iniciativa a la Cámara de Diputados en la que proponía la creación de la Comisión Federal para la Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica, una nueva instancia encargada de garantizar la calidad en el proceso de atención. Sin embargo, en la iniciativa se señala que no se proporcionarían más recursos para su creación. Vamos, en términos prácticos, propone sólo un cambio de nombre.

Antes de crear nuevas instancias es importante preguntarnos si los mecanismos que existen actualmente son suficientes y efectivos, y qué es lo que se requiere modificar. Más allá de la inconveniencia e ineficiencia que actualmente parece crear la diversidad de mecanismos, se tendría que analizar cuál es el impacto y costo de todos estos mecanismos en la mejora de los servicios de salud en nuestro país. Según el reporte de la OCDE antes referido, los actuales mecanismos se centran más en la infraestructura que en los resultados, por lo que se tendría que pensar en reorientar la regulación hacia este último enfoque.

Más allá de la reforma normativa, se debe vigilar la forma en que operan los hospitales, así como las autoridades que los vigilan. El monitoreo constante es esencial cuando factores tan relevantes como la salud y la vida están en juego.

La transparencia y la difusión de información para llevar a cabo diagnósticos y planear acciones de mejora continua podrían ser uno de estos mecanismos de política pública que permitirían impulsar una transformación en la forma de operar y rendir cuentas en el sector salud. Además, se debe considerar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías en la vigilancia y cumplimiento de las regulaciones.

Sin duda nuestro sistema de salud requiere reformarse, pero sería bueno preguntarnos si hasta ahora las cosas han cambiado con la creación de más burocracia, instituciones, leyes y regulaciones excesivas que terminan por no aplicarse.

*María Fernanda Ballesteros es Coordinadora de Regulación y Competencia en México Evalúa.

 

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