La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó más de 2,000 millones de pesos de compañías fantasma y prestanombres contratados por el crimen organizado para lavar dinero en México.

“Entre 2013 y 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) con un trabajo en conjunto aseguró alrededor de 2,000 millones de pesos”, reveló Alberto Bazbaz Sacal, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), un organismo dependiente de la SHCP.

“La PGR había asegurado en el sistema financiero alrededor 1,500 millones de pesos” de 2005 a 2012, agregó.

El funcionario encargado de investigar las operaciones de procedencia ilícita en el país señaló que no bloquean las cuentas de las personas, que levantan sospecha, sino van por todos los fondos.

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La facultad para asegurar los capitales del crimen organizado en el sistema financiero es algo nuevo para la Secretaría de Hacienda, recordó durante el primer Congreso Nacional en Previsión de Lavado de Dinero y Anticorrupción.

“Esa facultad ha sido una herramienta un poco más efectiva” para combatir el lavado de dinero en sectores como el inmobiliario, restaurantero y hotelero, explicó.

“La ley antilavado obliga a los ciudadanos y compañías a enviar avisos, y la legislación financiera exige a las instituciones de crédito a mandar reportes; eso no significa que sea una denuncia ni tampoco que sea un crimen y mucho menos que se sigan y lean todos los documentos”, detalló. Cada año la Unidad de Inteligencia recibe más de 20 millones de datos.

Para detectar las operaciones inusuales se utilizan “herramientas tecnológicas”, que te permiten encontrar el delito financiero.

Según el responsable de la unidad antilavado, el primer bloqueó de capitales se realizó en mayo de 2014, unos meses después de la aprobación de la reforma financiera de 2013.

“La facultad de bloqueo de dinero da la posibilidad de que la persona acuda a desahogar a algún tipo de audiencia a la Unidad de Inteligencia Financiera”, agregó.

De las 500 empresas y personas a las que les fueron bloqueados sus capitales; sólo 6 acudieron a realizar un reclamo a su institución bancaria y el resto se fue al amparo para no dar la cara, dijo Alberto Bazbaz.

“En el amparo pueden usar al mismo tipo (sujeto) que le dieron 10,000 pesos (para crear la empresa o lavar dinero de manera física para que vaya) al juzgado”, concluyó.

 

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