En la industria de los casinos, las cartas ya han sido echadas. Hay dos leyes obsoletas que mantienen abiertas las puertas a locales clandestinos y a centros ilegales.

 

Hoy la industria del entretenimiento y juego de apuesta en México se encuentra ante una encrucijada muy importante.

Por un lado, una ley Federal de Juegos y Sorteos vigente desde el 31 de diciembre de 1947, la cual nunca ha sido actualizada y menos reformada, que por tanto es obsoleta; y por el otro, un Reglamento de la Ley publicado casi 57 años después, es decir, el 17 de septiembre del 2004 y el cual ha tenido una sola modificación, ocurriendo esta el 19 de octubre del año pasado.

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Estamos ante una industria que cuenta con 32 permisionarios reconocidos por la Secretaría de Gobernación (aunque dos de ellos, temporalmente tienen suspendida esa calidad por orden judicial), mismos que amparan 409 salas abiertas en todo el país de un total de aproximadamente 750 salas autorizadas por la Dirección de Juegos y Sorteos (DGJyS) para abrir en los próximos cinco años, es decir, hay todavía posibilidades de apertura de más de 340 casinos, que haría crecer la industria en un 70% más para el 2018.

De las 409 salas abiertas, al menos en 6 entidades federativas del país se albergan más del 50% del total, que son en primer lugar Nuevo León con 45, en segundo, Baja California con 41, en tercero el DF con 39, en cuarto Jalisco con 37, en quinto el Estado de México con 35 y en sexto lugar Sonora con 28, siendo un total de 225 salas concentradas en estas entidades.

Por municipios o ciudades, los lugares más importantes que cuentan con estos establecimientos son:

1)    Ciudad de México 39,

2)    Monterrey 25 *(cabe señalar que en el mes de marzo el municipio clausuró 10 casinos de este total, aduciendo carencia de “Uso de suelo adecuado”, el asunto está siendo combatido en los medios judiciales por los afectados),

3)    Mexicali 17,

4)    Tijuana 15,

5)    Guadalajara 11,

6)    Zapopan 10,

7)    Naucalpan 9,

8)    Cancún, Hermosillo, León y Mérida con 8 cada uno.

 

Los estados de Oaxaca, Zacatecas y Tlaxcala no cuentas con ningún casino legal, en Chiapas han sido cerrados injustamente por la autoridad gubernamental y prácticamente lo mismo sucede con Coahuila.

Aquí vale la pena hacer un paréntesis para resaltar que ante el cierre autoritario por parte de autoridades estatales y municipales, especialistas del juego a nivel internacional prevén que con o sin casinos los mexicanos seguirán jugando, lo que convergerá en que la gente dejé el dinero en el extranjero en lugar de gastarlo en México.

Además que quien no pueda ir al extranjero a jugar, lo hará en casinos clandestinos. De hecho, se tiene ya conocimiento de la creación de centros de apuestas ilegales, mismos que no pagan impuestos, ofertan empleos informales y abren la puerta a la posibilidad de delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada.

Actualmente la industria genera cerca de 50,000 empleos directos, más de 140,000 empleos indirectos y una derrama de impuestos y aprovechamientos federales superiores  a los 1,400 millones de pesos por año.

Se calcula que para el año en curso asistirán a los casinos más de 3.5 millones de personas y la derrama impositiva aumentará a los 1,700 millones de pesos; además de 300 millones de pesos por la vía de impuestos estatales, generando a la economía nacional más de 2,000 millones de pesos que, sumados a los que se generan por la Lotería Nacional, Pronósticos Deportivos, Ferias regionales, Sorteos, Carreras de caballos y de Galgos y peleas de Aves de combate, rebasarán los 4,400 millones de pesos ingresados al erario federal.

Asimismo, el gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto revisa minuciosamente cada uno de los permisos otorgados antes de su administración, y en breve la Secretaría de Gobernación y su Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos harán pronunciamientos importantes sobre la materia.

Cabe señalar que aún existen cerca de 60 salas abiertas, las cuales no cuentan con permiso de la Dirección de Juegos y Sorteos, y que operan bajo el amparo de una suspensión judicial o de una resolución administrativa, lo que evidencia la urgencia de una nueva Ley en la materia que dé certidumbre legal al sector, mismo que tiene listos 150 millones de dólares para invertir en México.

Ante ello, la Segob buscará impulsar con el Congreso una nueva Ley; mientras tanto la Asociación de permisionarios, Operadores y proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México, A.C (AIEJA) ha celebrado convenios con Gobernación para el combate del juego electrónico ilegal y el juego irresponsable, además de que se trabaja en su conjunto en el impulso de una NOM para asegurar la aleatoriedad de las 90,000 máquinas de juego establecidas en los casinos legales.

La realidad es que las cartas ya han sido echadas, ahora sólo falta elegir la mejor partida…

 

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