Reuters

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió el domingo su respuesta al referéndum de independencia de Cataluña, tras el cual anunció que convocará a los partidos políticos para reflexionar sobre el futuro en uno de los momentos más graves de la democracia española en los últimos años.

Rajoy dijo que no le había quedado otra opción que actuar con “firmeza y serenidad” ante una consulta “ilegal, improcedente e imposible” que el Gobierno catalán convocó a sabiendas de que no podía llevarse a cabo, lo que sólo ha hecho que romper la convivencia en la región.

“Entiendo la frustración que hoy pueden sentir y lo lamento profundamente (..) El cauce para debatir no puede venir de la quiebra de la legalidad sino de un dialogo legal en el que se escuche y se atienda a todos”, dijo Rajoy en una comparecencia en Moncloa.

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Rajoy afirmó que “la mayoría” del pueblo catalán no había participado en la jornada de votación, y agradeció a los partidos políticos que le habían apoyado en su posición en las últimas semanas.

En este sentido, se mostró abierto a un proceso de diálogo con el Gobierno catalán y anunció que iba a comparecer en el Congreso de los Diputados y convocar a las fuerzas políticas para reflexionar sobre el futuro del país, lo que podría llevar a una revisión de la Constitución para dar un encaje a Cataluña dentro de España.

“Me propongo convocar a las fuerzas políticas con representación parlamentaria para reflexionar juntos sobre un futuro que tenemos que afrontar juntos”, dijo Rajoy.

En una comparecencia inmediatamente posterior y pese a sus críticas a la política de Rajoy respecto a Cataluña y a las cargas policiales del domingo, el líder del principal partido de la oposición, el PSOE, reiteró que seguirá apoyando el orden constitucional y el Estado de Derecho.

“Los socialistas estaremos a la altura (…) Vamos a garantizar esa estabilidad porque estamos con el Estado de Derecho (…) iniciando una vía de negociación política hoy más urgente que nunca”, dijo Pedro Sánchez.

Además de coincidir en atribuir la principal responsabilidad del problema al Gobierno catalán por vulnerar la legalidad, los dos líderes también estuvieron de acuerdo en el daño del proceso a la “convivencia”.

 

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