La reactivación que se ha generado después de varias semanas en confinamiento parcial, está marcada por las prisas que tiene el presidente López Obrador para evitar un declive económico mayor, así como para reactivar sus capacidades electorales a un año de la elección intermedia. Sin embargo, es importante cuestionarnos, más allá de las prisas presidenciales, la relevancia de las acciones y de las prioridades de la administración.
El Estado tiene como responsabilidad básica el cuidado de la vida y la propiedad de las personas y, a partir de ahí, otras actividades que ha asumido a partir de diversos acontecimientos históricos, como la promoción de condiciones de bienestar, el desarrollo económico, la igualdad, la regulación, pero que no podrían existir si no se garantizan las dos condiciones básicas ya mencionadas.
Cuando la administración del ejecutivo, en el caso de países con división de poderes, toma la decisión de movilizar a la población en el contexto de una pandemia, sabe que habrá pérdida de vidas, no únicamente porque habrá personas que por condiciones específicas son más vulnerables, sino porque, en el caso de México, el sistema de salud no garantiza la calidad suficiente para el cuidado de las personas que caigan enfermas.
La tasa de letalidad en el caso de México es mucho más alta que en otros países, lo que refleja no únicamente una posible incidencia a que las personas mueran más porque tienen precondiciones que les hacen más vulnerables, sino también las condiciones reales del sistema de salud. Una vez que la información sobre la pandemia fluya de manera más eficiente, podríamos hacer comparaciones entre los espacios públicos y privados, para ver las tasas de letalidad en ambos, donde hasta ahora se observa una diferencia importante, pero también la misma tasa entre aquellos que llegaron hasta cuidados intensivos y que requirieron incluso de un ventilador.
Pedir a la población que pierda el miedo a contagiarse y que recupere su libertad, implica pasar la responsabilidad de la enfermedad a las personas en lo individual y a los gobiernos estatales y municipales en lo general, desligando a la administración federal de la responsabilidad primaria del Estado de cuidar la vida de las personas, cuando no se tiene la capacidad en el sistema de salud para garantizar trato digno y mínimo a las personas en caso de que se contagien.
A partir de los diversos discursos del presidente, es claro que la contienda de 2021 ya comenzó para él, por lo que le resulta apremiante hacer que las cosas vuelvan a la “normalidad”, donde él pueda recuperar el terreno en aceptación popular que ha perdido durante las últimas semanas, por ello comienza a reactivarse en el congreso, la designación de las consejerías vacantes en el INE y, a su vez, las de los OPLE en los estados.
Esto, sin embargo, no deja de ser un espacio de responsabilidad para el presidente y quienes están a cargo de la política de salud pública, misma que ahora carece de credibilidad ante las constantes fallas de comunicación que han enfrentado. Es claro que la eficiencia de los gobiernos en esta crisis sanitaria se podrá medir a partir de las personas que han y seguirán falleciendo infectadas por el virus. Estados Unidos, Brasil y México son claros ejemplos de ellos, lo común es que los tres tienen gobiernos populistas buscaron reactivar a sus sociedades independientemente de los costos, cuyos presidentes no quieren perder poder y que ignoran constantemente a grupos sociales que hacen demandas o cuestionamientos fuera de las prioridades de sus administraciones
Las muertes por Covid-19 en la apresurada reapertura, reflejan espacios de responsabilidad política, pues son muertes que dependen de un conjunto de decisiones públicas que tienen responsables. Personas que decidieron reactivar la vida social, económica y política, a sabiendas de los costos en vidas humanas. El Estado cambió su razón de ser de preservar y proteger la vida de las personas, para hacer de las elecciones, la producción y el consumo, entre otros elementos, sus prioridades más importantes.
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